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Sala Cuna Universal: aprobar el derecho no garantiza el acceso

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Patricio Muñoz Montenegro
Académico, Facultad de Economía y Negocios
Universidad Andrés Bello

El proyecto de Sala Cuna Universal que avanza en el Congreso aborda un problema que Chile arrastra desde hace años. La actual obligación de proporcionar sala cuna a las mujeres pertenecientes a una empresa a partir de las 20 trabajadoras, aunque nació como una medida de protección, también puede generar que se limite la contratación femenina. Corregir esta situación es necesario, pero la discusión debe ir más allá de la aprobación de una ley.

Desde las políticas públicas, esta iniciativa tiene una justificación económica y social clara. Facilitar el cuidado infantil puede favorecer la incorporación de más mujeres al mercado laboral, mejorar las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas, generando beneficios que trascienden a quienes utilizan directamente el servicio.

Sin embargo, una cosa es establecer un derecho y otra distinta es garantizar su ejercicio. Ampliar el número de beneficiarios no significa necesariamente disponer de más salas cuna. Si la demanda crece más rápido que la oferta, podríamos terminar con familias que tienen adquirido el beneficio, pero enfrentan listas de espera, largos desplazamientos o simplemente la ausencia de establecimientos en sus comunas. Por lo anterior, la cobertura debe considerar las diferencias territoriales, los cupos disponibles y la capacidad real de los prestadores.

Otro aspecto que ha generado diferencias y cuestionamientos durante la tramitación es su financiamiento. La propuesta contempla una cotización del 0,30%, mediante una reorganización de los recursos vinculados al Seguro de Cesantía. En este punto surge un concepto fundamental de la economía pública, el costo de oportunidad. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si no estamos, en cierta medida, desvistiendo un santo para vestir otro. Financiar una prestación necesaria exige evaluar sus posibles efectos sobre otras formas de protección social, especialmente frente a escenarios de mayor desempleo. No se trata de cuestionar la reforma, sino de asegurar que su instalación sea sostenible y no termine debilitando una política de protección existente, sólo para financiar a otra.

También merece atención la gradualidad de su implementación, lo que a mi juicio es positiva. Chile tiene experiencias que debieran servirnos de lección respecto de las consecuencias de poner en marcha reformas sin una planificación adecuada y sin las condiciones necesarias para su funcionamiento. El Transantiago, las garantías GES y la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), aunque responden a realidades distintas, han enfrentado dificultades de infraestructura, coordinación y gestión que han comprometido sus resultados. La gradualidad permite anticipar estos problemas, ajustar los procesos y fortalecer las capacidades institucionales antes de ampliar la cobertura. Porque una buena ley no garantiza, por sí misma, una buena política pública.

Por eso, más que medir el éxito de esta iniciativa por su aprobación legislativa en la Cámara y su despacho al Senado, debemos considerar el ciclo completo de una política pública, desde la identificación del problema y la calidad de su diseño, hasta su implementación, monitoreo y evaluación de resultados. En el caso de la Sala Cuna Universal, será fundamental conocer el número de familias que acceden efectivamente al beneficio, cómo esta cobertura territorial se distribuye, si su financiamiento es sostenible y, especialmente, si la reforma contribuye a mejorar la participación laboral femenina. Sólo de esta forma podremos determinar si el problema de origen se está resolviendo.

La Sala Cuna Universal puede ser un avance significativo para nuestro país, pero su aprobación será solo el primer paso. El verdadero desafío estará en su implementación y en los resultados que logre alcanzar, fundamentalmente para las familias que en la actualidad enfrentan dificultades para acceder al cuidado infantil. Porque en definitiva los derechos no se garantizan solo con leyes, sino con políticas públicas capaces de materializarlos.