Un profundo conflicto institucional sacude por estos días al sistema de justicia en la Región de Valparaíso, luego de que saliera a la luz una disputa laboral que enfrenta directamente a la presidenta de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso, con el administrador del propio tribunal de alzada, Jorge Rojo. La controversia, que escaló rápidamente hasta los tribunales de justicia a través de un recurso de protección, pone en el centro del debate las relaciones de jefatura, el uso de facultades administrativas y las garantías procesales al interior del Poder Judicial, generando además una notoria división entre los ministros del pleno.
Los antecedentes del caso se remontan al mes de marzo, poco después de que la magistrada asumiera la testera del tribunal. Según los registros incorporados en la acción legal, las tensiones comenzaron casi de inmediato cuando la presidenta de la Corte manifestó su intención de prescindir de los servicios del administrador, aludiendo a una supuesta falta de confianza y catalogándolo de desleal sin mediación de sumarios previos. Con el paso de las semanas, la situación escaló hacia una marginación de funciones y requerimientos con plazos exiguos, derivando finalmente en una solicitud verbal de renuncia que el funcionario rechazó categóricamente.
Acciones legales y repercusiones en la salud laboral
La escalada del conflicto tuvo repercusiones directas en la salud del administrador, quien en mayo acudió a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para denunciar una presunta agresión psicológica en su lugar de trabajo. Si bien la mutualidad calificó el cuadro como de origen común, un posterior informe psiquiátrico particular emitido en julio ratificó un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo, vinculado por el especialista tratante a dinámicas de hostigamiento y abuso de poder. Paralelamente, en abril se había iniciado una investigación sumaria contra Rojo por retrasos en el pago de remuneraciones a funcionarios, un flanco administrativo que terminaría por entrampar aún más su continuidad en el cargo.
El punto de quiebre definitivo se produjo a inicios de octubre, cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones resolvió no renovar el contrato del administrador para el próximo período. La votación reflejó una división interna sin precedentes recientes, culminando con siete votos a favor de su salida y seis en contra. Mientras los ministros partidarios de la medida invocaron deficiencias administrativas y pérdida de confianza, el sector disidente cuestionó la proporcionalidad de la decisión, advirtiendo que el funcionario acumulaba más de siete años de trayectoria con calificaciones sobresalientes y sin sanciones previas registradas en su hoja de servicio.
Cuestionamientos jurídicos y próximos pasos en el tribunal
Las discrepancias al interior del tribunal de alzada quedaron plasmadas en las prevenciones de algunos ministros. Entre las críticas más duras destacó la postura de la magistrada Nancy Bluck, quien advirtió que la solicitud de remoción se sustentó sobre reproches e incumplimientos de deberes que jamás fueron sometidos a un procedimiento disciplinario regular, privando al afectado de su legítimo derecho a defensa y dejando en evidencia un vacío en los criterios objetivos de evaluación administrativa.
Este nuevo flanco se suma a los complejos cuestionamientos que ya enfrentaba la presidencia de Silvana Donoso en medio de un accidentado proceso para conformar la terna de candidatos a fiscal regional. Mientras las repercusiones de este fallo administrativo continúan generando debate en el foro jurídico nacional, la comunidad observa atentamente cómo el Poder Judicial gestionará los estándares de probidad, transparencia y resguardo laboral al interior de sus propios órganos jerárquicos.
















