Una nueva controversia envuelve al ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que este utilizara información errónea para defender las rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Durante una sesión especial en la Cámara de Diputados, Rabat exhibió un decreto firmado en el gobierno de Gabriel Boric para justificar su postura, pero el caso citado correspondía a una víctima adulta, por lo que no aplicaba la prohibición legal incorporada en 2022 para determinados delitos sexuales contra menores. El episodio, revelado por BioBioChile, debilitó aún más la defensa del secretario de Estado y avivó las críticas de la oposición.
La polémica se enmarca en la crisis que enfrenta el Ministerio de Justicia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. Rabat ha invocado fallos previos y decretos de administraciones anteriores para justificar las aprobaciones, pero la revisión de las resoluciones asociadas a los 33 beneficiados identificados por BioBioChile encontró que solo en un caso existió una orden judicial expresa de conceder la rebaja. La intervención de los tribunales no tuvo el mismo alcance en todos los casos, lo que cuestiona la tesis del ministro de que las decisiones se ajustaron a derecho.
El decreto citado por Rabat y la información errónea
En su intervención, Rabat sostuvo: “De la fuga de antecedentes que salieron del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no salió el decreto firmado directamente por el subsecretario Ernesto Muñoz el 1 de julio de 2025, en que, citando la reiterada jurisprudencia de los tribunales de justicia, le rebajó —sin esperar recurso de amparo— la condena a un violador”. Con esas palabras, el ministro buscó responsabilizar al gobierno anterior, pero el ejemplo se desmoronó rápidamente: la víctima del caso era una mujer adulta, por lo que no regía la exclusión específica para delitos sexuales contra menores.
La Ley 19.856, de 2003, permite reducir condenas por comportamiento sobresaliente, siempre que se cumplan los requisitos y no exista una causal de exclusión. En febrero de 2022, una modificación incorporó una prohibición para determinados delitos cometidos contra víctimas menores de 18 años, entre ellos violación y abuso sexual. El caso exhibido por Rabat no enfrentaba esa prohibición, lo que invalida su argumento. La comparación fue amplificada por oficialistas que afirmaron que el condenado había violado a una menor, dato que Mega también publicó y posteriormente tuvo que rectificar.
Reacciones políticas y el futuro de la acusación constitucional
El diputado Agustín Romero (REP) replicó la información equivocada: “Mega reveló que el gobierno de Boric benefició a un violador de una menor sin esa orden. ¡Los pillaron mintiendo!”. Su par Leandro Kunstmann (REP) también afirmó que bajo Boric se había reducido “por decreto la condena a un violador de una menor”. En tanto, la diputada Constanza Hube (UDI) sostuvo que existían decretos “por orden de Boric” que rebajaban penas por violaciones de menores, aunque no individualizó el caso. El diputado Daniel Manouchehri exigió rectificaciones: “Afirmaron que el gobierno anterior rebajó la condena a un violador de una menor. La víctima de ese caso era una mujer adulta”.
La controversia mantiene la presión sobre Rabat y una acusación constitucional anunciada. El error sustancial debilitó la defensa del ministro y su intento de apuntar al gobierno anterior, en medio de una de las crisis más graves del Ejecutivo. La revisión de los 33 casos identificados por BioBioChile reveló que solo uno contó con una orden judicial expresa para conceder el beneficio, lo que sugiere que la mayoría de las rebajas se habrían otorgado sin el respaldo judicial que Rabat ha invocado.
El impacto de este episodio trasciende el ámbito parlamentario y afecta la credibilidad del Ministerio de Justicia en la opinión pública. La ciudadanía observa con preocupación cómo se gestionan las rebajas de condena en delitos de alta connotación social, especialmente aquellos que involucran a menores. La acusación constitucional anunciada contra Rabat podría avanzar en los próximos días, mientras el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de manipular la información. Enfoque Digital continuará informando sobre este caso y sus implicancias para el sistema judicial chileno.
