La suspensión de remates mineros por patentes 2026 impagas se ha convertido en el eje de una nueva disputa entre la pequeña minería y las autoridades sectoriales. La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN) solicitó formalmente extender a todos los pequeños mineros y mineros artesanales del país la medida que hoy solo beneficia a productores de las zonas afectadas por las emergencias meteorológicas registradas entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos. El gremio argumenta que la actual delimitación del beneficio deja fuera a cientos de titulares de pertenencias que enfrentan procesos de remate en regiones como Antofagasta y el Maule, donde —según denuncian— se están perdiendo concesiones por causas administrativas y no por falta de voluntad de pago.
La patente minera es el pago anual que debe realizar el titular de una concesión para mantenerla vigente. Si el pago no se concreta, la pertenencia puede salir a remate público y, en caso de que ningún interesado se la adjudique, queda como terreno franco, es decir, disponible para que otro la solicite. Este mecanismo, concebido originalmente para asegurar el cumplimiento tributario y evitar la especulación con concesiones ociosas, se ha transformado en un dolor de cabeza para la pequeña minería, que enfrenta dificultades económicas y administrativas para cumplir con el trámite dentro de los plazos. La suspensión actual, acotada a las zonas de catástrofe climática, fue adoptada como una medida excepcional para evitar que los damnificados por los temporales perdieran además sus derechos mineros. Sin embargo, AGRUMIN sostiene que la lógica de la emergencia debe ampliarse a todos quienes han caído en morosidad por razones ajenas a su control.
AGRUMIN y la crítica a una suspensión de remates mineros acotada
El presidente de AGRUMIN, Patricio Gatica, fue categórico al cuestionar el alcance limitado de la suspensión. “En cierta forma esta medida es arbitraria ya que debería favorecer a todos los productores que se encuentran con sus concesiones mineras impagas por causas de exclusión administrativa”, afirmó el dirigente. Según explicó, productores de Taltal, en la Región de Antofagasta, y de Talca, en la Región del Maule, están perdiendo sus pertenencias en remates públicos, pese a que no han sido afectados por las emergencias climáticas que justificaron la suspensión original. Gatica sostuvo que la normativa tributaria vigente ha perjudicado históricamente a la pequeña minería y entregó una cifra reveladora: el 95% de las pertenencias mineras ha sido declarado terreno franco por falta de interesados en los remates. Esta situación, a su juicio, demuestra que el sistema de patentes no está cumpliendo su objetivo de fomentar la actividad, sino que está generando un círculo de abandono y pérdida de derechos para los pequeños productores.
El dirigente también dirigió sus críticas hacia el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Gatica advirtió que se están entregando nuevas atribuciones al servicio sin aumentar su dotación de personal, lo que a su juicio genera riesgos de arbitrariedad y dificulta el acceso a beneficios como la patente rebajada. “Aquí se le están otorgando facultades que pueden resultar arbitrarias y depender del funcionario de turno”, señaló. Según el presidente de AGRUMIN, los requisitos exigidos para acceder a la patente rebajada son complejos y existe una alta tasa de rechazo infundado de los antecedentes presentados por los mineros. Además, la falta de personal impide una fiscalización efectiva en terreno, tarea clave para prevenir accidentes en un año marcado por el aumento de la accidentabilidad en las faenas mineras. Por ello, el gremio propuso modernizar el servicio y utilizar herramientas digitales para reducir la burocracia en el pago de patentes y en la tramitación de los beneficios.
Proyecciones: reunión urgente con la Comisión de Minería y defensa del proyecto de patentes
En paralelo a la solicitud de suspensión, AGRUMIN pidió una reunión urgente con la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para exponer sus reparos al proyecto que reforma las patentes mineras, aprobado por el Senado y que actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional. “Les hemos solicitado a través de una carta rechazar las modificaciones despachadas por el Senado, de modo que las discrepancias entre ambas Cámaras puedan resolverse en una Comisión Mixta”, explicó Gatica. Si la Cámara de Diputados rechaza los cambios introducidos por el Senado, el proyecto deberá pasar a una comisión mixta de diputados y senadores, instancia que deberá proponer un texto común para ambas corporaciones. El gremio busca influir en esa instancia para que la legislación contemple mecanismos más flexibles y equitativos para la pequeña minería, evitando que las patentes se conviertan en una barrera insalvable para la subsistencia de los productores.
El impacto de esta disputa trasciende a los titulares de concesiones. La pequeña minería es un sector relevante en regiones como Atacama y Antofagasta, donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la actividad. La pérdida de pertenencias no solo afecta el patrimonio de los productores, sino que también puede frenar la inversión, reducir el empleo local y desincentivar la exploración en zonas donde la minería artesanal y de pequeña escala es una alternativa económica viable. La crítica de AGRUMIN a la falta de fiscalización de Sernageomin también pone el foco en la seguridad de las faenas, un tema sensible tras los accidentes registrados en los últimos meses. El gremio insiste en que una mayor dotación de personal y el uso de tecnología permitirían una supervisión más eficiente y oportuna, sin ahogar a los pequeños productores con trámites excesivos.
Mientras la Cámara de Diputados define sus próximos pasos, la pequeña minería mantiene la presión para que la suspensión de remates se extienda a todo el país y para que la reforma a las patentes mineras considere la realidad de los productores de menor escala. La respuesta de las autoridades y el eventual avance del proyecto en el Congreso serán determinantes para el futuro de miles de concesiones y para la viabilidad de un sector que, pese a su tamaño, constituye un pilar económico y social en vastas zonas del territorio chileno.
