El senador Manuel José Ossandón no aceptó las explicaciones del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, en el marco de una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía por la querella del delito de injurias graves. La acción judicial, que mantiene activa la querella por injurias graves, surgió tras los cuestionamientos públicos del jefe comunal respecto a supuestos gastos millonarios en combustible realizados por el parlamentario y su equipo de trabajo.
Los antecedentes del caso se remontan a las declaraciones emitidas por la autoridad comunal, las cuales se basaron inicialmente en un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. Dicha publicación expuso un monto global destinado a traslados durante el periodo 2025, el cual abarcaba diversos conceptos operacionales como peajes, arriendo de vehículos, estacionamientos y carga de combustible, situación que derivó en controversia política y jurídica en el ámbito nacional.
Detalles de la querella y montos cuestionados
En la acción penal privada presentada ante el tribunal, la representación del senador Ossandón detalló que los gastos efectivos en combustible por parte de él y su equipo alcanzaron la suma de $8.660.945. Desde la parte querellante se enfatizó que dicha cifra es cinco veces inferior a los 46 millones de pesos originalmente difundidos por el alcalde Toledo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 418 del Código Penal, la defensa del parlamentario solicitó una pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, además de una multa equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).
Durante la audiencia judicial, el alcalde Matías Toledo manifestó ante el senador que en ningún momento existió el ánimo de injuriar, deshonrar, desacreditar o menospreciar su honra personal. Asimismo, el jefe comunal argumentó que, con anterioridad a la presentación de la querella, procedió a rectificar la información aclarando que el monto total incluía ítems adicionales al combustible. No obstante, el senador Ossandón retrucó que el hecho ameritaba una disculpa explícita y formal, calificando la intervención de Toledo como una mera justificación técnica frente a lo que denominó como información falsa.
Próximas etapas procesales y solicitud de inhabilidad
Por su parte, la jueza a cargo de la causa indicó que el tribunal determinó que las explicaciones entregadas por el imputado no resultaban satisfactorias, puesto que se mantenía el fondo de los dichos cuestionados más allá de la rectificación posterior. Por consiguiente, la magistrada resolvió negar lugar a la solicitud de la defensa de tener por suficientes las explicaciones ofrecidas durante el desarrollo de la audiencia.
Tras conocerse esta resolución desfavorable para el municipio, la defensa del alcalde Toledo solicitó la inhabilidad de la jueza bajo el argumento de que esta se habría pronunciado sobre el fondo del asunto debatido. Ante este escenario procesal, el tribunal fijó para el próximo 3 de diciembre la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la cual también se revisará una solicitud formal de sobreseimiento presentada por los abogados del jefe comunal.
