El Presidente de la República, José Antonio Kast, instruyó este lunes al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) utilizar todas las herramientas legales y administrativas disponibles para expulsar a los ciudadanos extranjeros que hayan participado en los desmanes registrados el domingo, en el marco de una nueva conmemoración del estallido social del 18 de octubre. La orden presidencial busca responder con celeridad a los hechos de violencia que alteraron el orden público en la capital y que, según el gobierno, involucraron a personas de nacionalidad extranjera. En paralelo, el Mandatario destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del informe de la comisión mixta que agiliza los procedimientos migratorios, una iniciativa que contempla nuevas facultades para la Policía de Investigaciones (PDI), plazos más breves para reclamar y mayores restricciones para reingresar al país.
La determinación se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública y el control migratorio, temas que han marcado la agenda legislativa de los últimos años. La conmemoración del estallido social, que se realiza cada 18 de octubre, ha estado acompañada en ocasiones por incidentes violentos que las autoridades atribuyen a grupos organizados. En ese escenario, el Ejecutivo ha puesto énfasis en la necesidad de contar con herramientas más eficaces para ejecutar las órdenes de expulsión que ya se encuentran firmes y para evitar el reingreso de personas con antecedentes de infracción a la normativa migratoria. La aprobación del informe de la comisión mixta en la Cámara de Diputados, con 128 votos a favor y 11 en contra, representa un paso clave para dotar al Estado de mayores atribuciones en esta materia.
Kast y la instrucción para expulsar a extranjeros involucrados en desmanes
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el Presidente Kast fue categórico al señalar que “no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”. En esa línea, explicó que había encargado a ambas reparticiones —Interior y Migraciones— activar los mecanismos disponibles para concretar las salidas del país. La instrucción presidencial apunta a que se apliquen con rigor las causales de expulsión contempladas en la legislación vigente y a que se coordinen los esfuerzos entre las distintas entidades para identificar y sancionar a los responsables de los desórdenes.
En el mismo mensaje, el Mandatario valoró la aprobación en la Cámara de Diputados del informe de la comisión mixta que busca facilitar la ejecución de órdenes administrativas de expulsión que ya se encuentran firmes. La tramitación de esta iniciativa continuará este martes en el Senado, donde se espera que sea discutida con suma urgencia. El texto legal introduce una serie de modificaciones sustantivas al procedimiento migratorio, entre las que destacan la posibilidad de que la PDI solicite a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre el extranjero requerido y ejecutar la medida. El magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas, con autorización judicial previa para ingresar al inmueble.
Nuevas facultades para la PDI y restricciones para reingresar al país
El proyecto aprobado por la Cámara contempla además que el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir a particulares, empresas y funcionarios públicos información como el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular, con el objetivo de facilitar las notificaciones de los procedimientos. Esta facultad no podrá utilizarse respecto de menores de edad ni para obtener datos desde establecimientos de salud o recintos educacionales. Asimismo, se incorpora el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, notificaciones electrónicas y tácitas, y la posibilidad de retener documentos de viaje.
Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la reducción del período para presentar una reclamación, que pasará de diez a cinco días. Además, la interposición del recurso dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida, por lo que será necesario considerar las reglas aplicables para determinar si corresponde paralizar el procedimiento. El texto también amplía las causales de expulsión administrativa al incorporar las graves afectaciones al orden público. De igual modo, eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta su ejecución.
Impacto en la comunidad y proyecciones de la tramitación legislativa
La aprobación de esta normativa y la instrucción presidencial generan un impacto directo en la comunidad, especialmente en aquellas regiones con alta presencia de población migrante, como la Región de Atacama y la Provincia del Huasco, donde las autoridades locales han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por el aumento de delitos y la necesidad de reforzar el control fronterizo. Si bien la noticia tiene alcance nacional, sus efectos se sentirán en todo el territorio, incluyendo las comunas de Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, donde la ciudadanía observa con atención las medidas que se adopten para resguardar la seguridad pública.
Con la mirada puesta en el Senado, donde la iniciativa continuará su tramitación este martes, el gobierno espera que el proyecto se convierta en ley a la brevedad para contar con las herramientas necesarias que permitan ejecutar las expulsiones de manera efectiva. Mientras tanto, el Ministerio del Interior y el Sermig ya se encuentran desplegando las acciones administrativas para identificar a los extranjeros que participaron en los desmanes del domingo y dar curso a los procedimientos de expulsión. La ciudadanía y las autoridades regionales estarán atentas a los resultados de estas gestiones y al debate parlamentario que definirá el futuro de la política migratoria en Chile.
