La castración química voluntaria se ha convertido en el eje central de una nueva y contundente propuesta legislativa en Chile, impulsada por la diputada Zandra Parisi (PDG). La parlamentaria respaldó formalmente el proyecto de ley denominado “¡Con las infancias no!”, el cual busca modificar sustancialmente el régimen penitenciario para condenados por delitos sexuales contra menores de edad. El objetivo principal de esta iniciativa es establecer que el sometimiento a este tratamiento médico sea un requisito indispensable para que los agresores puedan acceder a beneficios como la libertad condicional, los permisos de salida o los indultos particulares, marcando un giro significativo en la política de seguridad y protección infantil del país.
Este proyecto no surge de la nada, sino que responde a una demanda social creciente y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la infancia frente a la reincidencia. La iniciativa fue ingresada por un grupo de parlamentarios de distintos sectores políticos, incluyendo a Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Mulet (FREVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), lo que demuestra un consenso transversal en la urgencia de abordar este problema. La propuesta contempla, además de la restricción de beneficios, la elevación de las penas máximas, estableciendo el presidio perpetuo para el delito de violación y aumentando las sanciones por otros delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Detalles de la castración química y sus implicancias legales
La diputada Parisi fue enfática al aclarar que la castración química voluntaria no constituye una atenuante ni una forma de reducir la condena impuesta por los tribunales. “No estamos hablando de reducir condenas ni tampoco de premiar a los delincuentes. Estamos hablando de aumentar las exigencias y poner la seguridad de nuestros niños por encima de cualquier beneficio”, señaló la parlamentaria. Según el texto del proyecto, el tratamiento es voluntario, pero si el condenado decide no someterse, pierde automáticamente la posibilidad de optar a beneficios penitenciarios. Asimismo, se establece una cláusula de revocabilidad: si el interno abandona el tratamiento una vez iniciado, perderá el beneficio que haya obtenido, garantizando así el cumplimiento efectivo de la medida.
En cuanto a la fundamentación técnica y social, Parisi reconoció que ningún tratamiento médico por sí solo elimina el riesgo de reincidencia, por lo que la ley propone acompañar la castración con mecanismos de fiscalización estrictos. “Ningún tratamiento garantiza, por sí solo, que un agresor no vuelva a delinquir. Por eso necesitamos controles estrictos, evaluaciones permanentes y un seguimiento real”, advirtió la diputada. Esta visión busca integrar la intervención médica con un monitoreo conductual y psicológico riguroso, asegurando que la protección de las víctimas no sea solo teórica, sino práctica y verificable.
Proyecciones legislativas y el impacto en la protección de la infancia
La discusión sobre esta ley refleja un cambio de paradigma en la justicia chilena, donde los derechos de las víctimas y sus familias pasan a tener un peso específico en la determinación de las condiciones de liberación de los agresores. Parisi enfatizó que “los derechos de las víctimas no pueden seguir quedando en segundo plano frente a los beneficios de sus agresores”. La iniciativa busca cerrar la brecha entre la condena impuesta y la realidad de la reintegración al entorno social, exigiendo que el Estado actúe con la máxima firmeza permitida por la ley para prevenir nuevos delitos.
El proyecto “¡Con las infancias no!” continuará su tramitación en el Congreso Nacional, donde se espera que genere un intenso debate técnico y político. La implementación de la castración química voluntaria como requisito penitenciario podría sentar un precedente importante en la legislación penal chilena, alineando las políticas de seguridad con las recomendaciones internacionales de protección de la infancia. La comunidad y las organizaciones de derechos humanos observarán con atención cómo se resuelven las objeciones técnicas y éticas durante el proceso legislativo, con el objetivo final de ofrecer garantías reales de seguridad a los menores del país.
