Una compleja situación de seguridad vial y policial se registró en la Ruta 68 cuando el diputado Luis Cuello (PC) fue objeto de un seguimiento e intento de fiscalización por parte de inspectores de seguridad municipal y personal policial, tras detectarse que la patente de su vehículo oficial figuraba con un encargo en el marco de una investigación por secuestro llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI). Los hechos ocurrieron el pasado viernes 30 de octubre, cuando el legislador transitaba a bordo de su automóvil Suzuki Vitara —perteneciente a la flota de la Cámara de Diputadas y Diputados— en dirección a la ciudad de Santiago, desencadenando una serie de comunicaciones radiales y revisiones institucionales.
El incidente vial comenzó a gestarse en la comuna de Curacaví, cuando los operadores de seguridad ciudadana recibieron la alerta de que la placa patente del parlamentario mantenía un registro asociado a un requerimiento policial. De acuerdo con los registros de las comunicaciones internas, las instrucciones iniciales de Carabineros apuntaban a fiscalizar el móvil y coordinar la intervención con la Brigada de Robos de la Región Metropolitana. Las maniobras de seguimiento en plena carretera incluyeron adelantamientos y reducciones de velocidad por parte del vehículo municipal, situación que gener momentos de tensión y riesgo en la vía concesionada antes de que el parlamentario detuviera su marcha a un costado del camino.
Detalles del procedimiento y versiones encontradas
Al detenerse en la berma de la autopista, el diputado Cuello relató que exhibió su credencial parlamentaria y explicó a los inspectores que el automóvil se encontraba debidamente inscrito a su nombre y registrado en el Congreso Nacional. No obstante, el operativo generó versiones encontradas respecto a la colaboración en el control. Mientras el alcalde de Curacaví cuestionó que el legislador se limitara a mostrar una señalética institucional y continuara su marcha sin exhibir su cédula de identidad, el parlamentario sostuvo que advirtió a los funcionarios que se comunicaran con Carabineros y prosiguió su trayecto hacia sus compromisos en la capital.
Ante la persistencia del seguimiento, el legislador se comunicó de inmediato con el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, quien activó gestiones directas con las jefaturas de Carabineros y la PDI para esclarecer los motivos del procedimiento. Fue en ese contexto que la policía civil informó que la placa patente mantenía un encargo investigativo derivado de una indagatoria de la BIPE Antisecuestros iniciada en febrero, la cual fiscalizaba diversos vehículos y placas clonadas a través del análisis de cámaras de tránsito en distintas autopistas del país.
Implicancias institucionales y levantamiento de la alerta
El episodio abrió un debate sobre los protocolos de fiscalización y el uso de tecnologías de televigilancia en las carreteras nacionales. El diputado Cuello manifestó su preocupación ante el riesgo latente que implicaba circular con una placa patente bajo sospecha, advirtiendo sobre la exposición a procedimientos policiales de mayor rigor frente a delitos de alta gravedad. En respuesta a esta contingencia, la defensa del parlamentario interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mientras que la testera de la Cámara de Diputados solicitó explicaciones formales a la dirección general de la policía civil por los alcances de la diligencia.
Por su parte, desde la PDI aclararon que el encargo formaba parte de diligencias ordinarias autorizadas por el Ministerio Público para esclarecer delitos de secuestro mediante el rastreo de automóviles sospechosos. En tanto, las autoridades de la corporación legislativa confirmaron que el encargo policial sobre el vehículo del diputado ya fue debidamente levantado, normalizando la situación administrativa y de circulación del parlamentario tras una jornada que dejó al descubierto los desafíos en la coordinación entre los sistemas de seguridad municipal y las policías especializadas.
















