El Gobierno chileno calificó este domingo como un ataque político la profunda crisis institucional desatada tras la revelación de decretos que permitieron la rebaja de penas a más de medio centenar de pederastas y agresores sexuales. En medio de un escenario adverso para la administración del presidente José Antonio Kast, el portavoz de La Moneda, Gonzalo Arenas, apuntó directamente contra los sectores opositores, señalando que la filtración dosificada de antecedentes responde a una estrategia deliberada para desgastar a la gestión gubernamental en el Congreso Nacional y ante la opinión pública del país.
La controversia estalló luego de que se conocieran las firmas del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en decretos que beneficiaron a condenados por delitos graves contra menores de edad. Pese a que el propio mandatario reconoció públicamente que el Estado les falló a las víctimas y calificó la medida como un error, ratificó a Rabat en su cargo bajo el argumento de que no existen méritos jurídicos para una acusación constitucional y que su salida no resolvería el fondo del problema. En tanto, la tensión política escaló durante la última semana tras la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien dejó su puesto luego de difundir un video en redes sociales que fue interpretado como un intento de desmarcarse de las decisiones de su superior jerárquico.
Implicancias legislativas y la ofensiva de la oposición
Ante este escenario de alta tensión, las bancadas de oposición confirmaron que ingresarán durante la semana un libelo acusatorio en el Parlamento contra el ministro de Justicia. El diputado y jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, sostuvo que la decisión de impulsar la acusación constitucional es unánime debido a la gravedad de los hechos y a lo que calificaron como una infracción a la normativa vigente. Por su parte, el Ejecutivo ha desplegado una ofensiva de diálogo con los partidos oficialistas de la derecha tradicional, como la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), buscando alinear los respaldos parlamentarios y evitar una fractura en el bloque gobernante frente a la inminente votación en el Poder Legislativo.
En paralelo a la discusión sobre la crisis por las rebajas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, comprometió gestiones para acelerar la tramitación de un proyecto de ley que impida de manera definitiva nuevos beneficios carcelarios para este tipo de condenados. Desde el oficialismo insisten en que la normativa cuestionada operaba bajo criterios previos y jurisprudencia acumulada durante los últimos años, subrayando la urgencia de cerrar los vacíos legales que permitieron la aplicación de estos decretos en el sistema penitenciario nacional.
Impacto en la opinión pública y perspectivas gubernamentales
El costo político de esta controversia se ha reflejado de manera categórica en los recientes sondeos de opinión pública. De acuerdo con los datos de la encuesta Criteria, la aprobación del presidente José Antonio Kast retrocedió hasta el 25%, mientras que la desaprobación trepó al 65%. Asimismo, un abrumador 72% de la ciudadanía manifestó su rechazo a la permanencia de Fernando Rabat en el gabinete, y la decepción se posicionó como el sentimiento predominante entre los habitantes respecto al desempeño del Ejecutivo, que se encuentra ad portas de cumplir sus primeros ocho meses en el poder central.
Con un Congreso polarizado y la presión constante de la sociedad civil y las organizaciones de protección a la infancia, el Gobierno de Chile enfrenta el desafío más complejo desde el inicio de su mandato. Las próximas negociaciones con los partidos políticos y la rapidez con la que se logren aprobar nuevas modificaciones legales serán determinantes para contener el desgaste institucional y definir el futuro político del cuestionado secretario de Estado en los próximos días.
