Un millonario movimiento comercial registraron los economatos de las cárceles chilenas durante 2026, alcanzando cifras que evidencian la magnitud de este mercado intramuros. Según antecedentes recopilados, los 10 recintos penitenciarios concesionados del país acumularon ventas por más de $9.321 millones entre los meses de enero y agosto de este año, una cifra que al realizar una extrapolación matemática conservadora podría superar los $22 mil millones a nivel nacional. Este escenario económico motivó una drástica resolución por parte de Gendarmería de Chile, institución que decidió restringir a solo 23 categorías los productos autorizados para la comercialización interna.
La medida adoptada por la dirección nacional busca resguardar la seguridad, custodia y control administrativo al interior de los establecimientos penitenciarios del país, reduciendo los riesgos asociados al abastecimiento y funcionamiento de estos centros de venta. La disposición alcanza a un total de 33 recintos penales, divididos entre 23 establecimientos tradicionales y 10 bajo el régimen de concesiones. No obstante, para estos últimos la implementación contempla un proceso gradual y paulatino, debido a los contratos vigentes que las empresas operadoras mantienen con el Estado chileno.
Restricción de productos y exclusión de artículos tradicionales
De acuerdo con la Resolución Exenta N.º 7.292, firmada por la dirección nacional de la institución, la nueva normativa establece una nómina máxima de apenas 23 categorías de artículos autorizados. Entre los elementos que quedaron completamente fuera de la comercialización figuran la ropa, los diarios, las revistas y los cigarrillos. Esta última exclusión ha generado diversas reacciones entre expertos y fuentes conocedoras del sistema carcelario, quienes advierten que prohibir la venta formal de tabaco podría incentivar el contrabando y la aparición de mercados negros informales al interior de los módulos penales.
Dentro de la nueva lista permitida se encuentran exclusivamente artículos de primera necesidad e higiene personal —tales como champú, jabón líquido, máquinas de afeitar, desodorante, pasta y cepillos dentales, papel higiénico y toallas higiénicas—, además de alimentos básicos como jugos, leche en polvo, té, café, azúcar, agua embotellada y yerba mate. Los informes técnicos detallan que las ventas varían según el grupo concesionado, destacando conglomerados como el Grupo 3, vinculado a Vinci y operario de recintos como Santiago 1, que acumuló ventas por sobre los $3.315 millones en el período analizado.
Implicancias operativas y auditorías nacionales
El impacto económico de los economatos penitenciarios refleja la alta concentración de la población penal en recintos concesionados, que albergan cerca del 42% de los reclusos en Chile. Operadores como Sodexo, Besalco y otras empresas de infraestructura han reportado cifras considerables en complejos de alta densidad como Rancagua, La Serena, Alto Hospicio, Antofagasta y Biobío. Sin embargo, las autoridades precisan que estos montos corresponden a transacciones comerciales brutas y netas, y no necesariamente a las utilidades finales de las concesionarias.
Con la aplicación paulatina de esta normativa y el inicio de auditorías a nivel nacional, Gendarmería busca estandarizar el control administrativo en todo el sistema carcelario chileno. Las próximas etapas contemplan fiscalizaciones estrictas para asegurar el cumplimiento de la nueva nómina autorizada, equilibrando los derechos contractuales de las empresas operadoras con las exigencias críticas de seguridad pública que demanda la administración penitenciaria actual.
