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El gobierno de Francia, encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu, decretó este lunes toques de queda parciales en varias ciudades del país y condenó a los «ladrones» y «delincuentes» que, según las autoridades, están detrás de los violentos disturbios registrados durante el fin de semana. La medida, que otorga a los alcaldes locales la potestad de imponer restricciones a la circulación, busca contener una ola de saqueos y enfrentamientos que ha dejado más de 2.500 personas arrestadas y cerca de 1.000 agentes heridos, de acuerdo con el balance oficial.
Los disturbios se iniciaron el mes pasado con protestas estudiantiles que exigían mejores condiciones escolares, pero con el correr de las semanas el movimiento se amplió hacia un espectro más diverso de demandas sociales. La escalada de violencia llevó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, a reconocer que la policía «perdió el control» en algunas ciudades, una admisión inusual que refleja la magnitud del desafío para el Ejecutivo. El presidente Emmanuel Macron rechazó la dimisión de Nuñez, quien permanece en el cargo para coordinar la respuesta estatal.
Toques de queda y medidas restrictivas en varias ciudades
Tras una reunión de crisis celebrada el lunes, Lecornu anunció que los alcaldes podrán decretar toques de queda «donde sea necesario», sin precisar de inmediato qué localidades se verían afectadas. Marsella, la segunda ciudad más grande del país, ya prohibió las reuniones públicas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En el norte, localidades como Lille, Douai, Wattignies y Denain establecieron un toque de queda parcial de 18:00 a 04:00 GMT, mientras que en Coulaines la prohibición de transitar por las calles se impuso específicamente a los menores de edad.
El primer ministro no descartó la posibilidad de decretar el estado de emergencia en el país y responsabilizó directamente a «grupos radicales de extrema izquierda» de la inestabilidad. «Hay un movimiento liderado por grupos radicales de extrema izquierda que realmente quieren desestabilizar, que quieren generar caos en nuestro país hasta las elecciones presidenciales», señaló Lecornu. En ese sentido, anunció que se reforzará la seguridad en torno a las reuniones y concentraciones políticas futuras para garantizar que «la democracia pueda ejercerse en las próximas semanas y meses».
El jefe de gobierno también anunció un fondo de desempleo parcial para quienes no pudieron trabajar como consecuencia de los disturbios y los saqueos, y adelantó que se promulgará una ley para que los responsables de los daños deban asumir los costos de reparación. «Se promulgará una ley para encontrar la manera de garantizar que quienes hayan dañado propiedades tengan que pagar», afirmó. «No nos dejaremos dictar ni gobernar por los alborotadores, los ladrones ni los matones», sentenció.
Investigación y proyecciones en medio de la crisis
En paralelo a las medidas restrictivas, el ministro del Interior informó que unos 200 investigadores están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los posibles cabecillas de las protestas violentas. Según la agencia de noticias AFP, entre los manifestantes también se registraron heridos durante los enfrentamientos con la policía; uno de ellos perdió una mano a causa de una granada antidisturbios lanzada por los efectivos, lo que ha generado preocupación por el uso de la fuerza.
La crisis plantea un escenario complejo para el gobierno francés, que deberá equilibrar la restauración del orden público con la atención a las demandas sociales que originaron las protestas. Los toques de queda parciales y la eventual declaración de estado de emergencia podrían extenderse en los próximos días, mientras las autoridades evalúan la evolución de los disturbios. Para la comunidad internacional, incluida Chile, el caso francés es seguido con atención por su impacto en la estabilidad política europea y por las lecciones sobre la gestión de conflictos sociales y la respuesta policial en contextos de alta tensión.
