La infracción a la Ley de Bosques motivó la formalización de cargos en contra de un propietario particular, quien fue responsabilizado por el Ministerio Público de ocasionar un grave derrumbe de tierra a orillas del río Bueno, en la región de Los Ríos, un hecho que afectó directamente a kayakistas y a una familia que practicaba deportes aventura. El procedimiento judicial se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Río Bueno, instancia donde se detallaron los antecedentes recopilados por la fiscalía local tras el incidente registrado originalmente en diciembre del año pasado, el cual quedó al descubierto luego de viralizarse un registro audiovisual captado por testigos mediante teléfonos celulares.
Los antecedentes del caso apuntan a que el desprendimiento de material se originó debido a intervenciones humanas no autorizadas en una zona de alto valor ecológico y geográfico. La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer las causas exactas del colapso de la ladera, determinando que en el sector se empleó maquinaria pesada para habilitar un camino y remover vegetación nativa en una pendiente que superaba el 45%, contraviniendo las normativas vigentes de protección ambiental y conservación de recursos boscosos.
Investigación y detalles del peligroso derrumbe fluvial
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia de formalización, la caída de material hacia el cauce del río Bueno provocó un súbito movimiento de agua y una densa nube de polvo de color café que envolvió por completo a los deportistas que navegaban en un bote de goma practicando rafting, así como a otros aficionados que se desplazaban en kayaks. Aunque la situación generó momentos de extrema tensión y temor entre los afectados y los presentes en el sector, las autoridades confirmaron oportunamente que no se registraron personas lesionadas a raíz de la emergencia.
El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, profundizó en los aspectos jurídicos de la causa y precisó que durante las diligencias se corroboró que el dueño del terreno dispuso de manera directa la corta de árboles y arbustos nativos para ejecutar las faenas de construcción. Ante esto, el persecutor penal indicó que no se solicitó la aplicación de medidas cautelares privativas de libertad contra el imputado, debido a que este compareció de forma voluntaria ante la justicia para responder por los hechos y la pena asociada a la infracción imputada contempla un marco temporal de 61 días.
Plazos judiciales y proyecciones del caso
Tras la comunicación formal de cargos efectuada por el tribunal competente, el Juzgado de Garantía de Río Bueno estableció un plazo judicial de 60 días para el desarrollo de las diligencias investigativas complementarias. Este periodo permitirá al Ministerio Público y a las policías consolidar los peritajes técnicos en materia ambiental y urbanística, evaluando de este modo los daños ecológicos provocados en la ribera y estableciendo las responsabilidades definitivas en el marco de la legislación forestal chilena.
El desenlace de esta indagatoria releva la importancia de fiscalizar de manera rigurosa las intervenciones en laderas de alta pendiente y zonas ribereñas, resguardando tanto la seguridad de los turistas y practicantes de actividades recreativas como la preservación del patrimonio natural de la zona sur del país. Las próximas semanas serán claves para determinar si la causa culmina en salidas alternativas o un procedimiento abreviado conforme avance el trabajo de la fiscalía especializada.
