Profunda conmoción y exigencias de justicia ha generado la trágica muerte de Diego Fredes Chávez, un trabajador de 48 años que perdió la vida tras sufrir una fatal caída en altura en las instalaciones de la Frutera San Fernando (Frusan), ubicadas en la Región de O’Higgins. Los trágicos acontecimientos ocurrieron el pasado lunes 26 de octubre, cuando la víctima, quien se desempeñaba como ayudante mecánico para la empresa contratista Montaje y Refrigeración Industrial Csc SpA, realizaba labores de mantención anual en equipos de frío. La investigación preliminar liderada por la Seremi de Salud ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad laboral, constatando que el operario no contaba con los equipos de protección personal requeridos para ejecutar faenas en altura.
El accidente laboral se desencadenó pasadas las 15:30 horas, momento en que el techo del entretecho donde laboraba cedió de manera repentina, provocando que el trabajador impactara fuertemente contra el suelo desde una altura estimada en más de siete metros. Testigos del recinto y cercanos a la víctima manifestaron que las labores iniciales se encontraban detenidas a la espera de materiales, motivo por el cual se le habría instruido asumir otras tareas en condiciones de riesgo. Este suceso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores contratistas y subcontratistas en el sector industrial chileno, reviviendo la discusión pública en torno al cumplimiento estricto de las normativas de prevención de riesgos y la responsabilidad solidaria de las empresas mandantes en la protección de la vida humana.
Acusaciones de negligencia y demoras en el rescate
Ante la gravedad del accidente, la familia de Diego Fredes ha levantado duras críticas hacia la gestión y los protocolos de emergencia activados al interior del recinto industrial. Según relataron los cercanos, se habrían producido demoras injustificadas en la llegada de personal médico especializado y ambulancias, superando los cuarenta minutos de espera mientras el trabajador yacía gravemente herido y expuesto a sustancias refrigerantes en el pavimento. Asimismo, denunciaron que el protocolo interno carecía de lineamientos claros de respuesta inmediata, optando primeramente por contactar a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en lugar de activar de forma directa los servicios de urgencia vital del SAMU, lo cual —a juicio de los querellantes— habría restado minutos cruciales para intentar salvarle la vida.
Los antecedentes recopilados indican que el trabajador fue finalmente derivado hasta el Hospital de San Fernando, donde pese a los esfuerzos médicos se constató su fallecimiento cerca de las 17:30 horas. Frente a estos hechos, la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins intervino de inmediato, instruyendo la paralización de las labores en altura tanto para la empresa contratista involucrada como en puntos críticos de la mandante Frusan, abriendo formalmente un sumario sanitario para depurar responsabilidades administrativas. Paralelamente, la familia rechazó de manera categórica una propuesta de finiquito por un millón 250 mil pesos que condicionaba la entrega del monto a la renuncia explícita de cualquier acción legal futura contra los involucrados.
Proyecciones y exigencias de justicia laboral
Las próximas etapas de este doloroso caso contemplan el avance de las indagatorias ministeriales y administrativas para esclarecer si existieron delitos asociados a la ley de seguridad en el trabajo o cuasidelito de homicidio por omisión de medidas de resguardo. Los representantes jurídicos de la familia adelantan que buscarán llegar hasta las últimas instancias judiciales para sancionar tanto a la empresa contratista como a la mandante, exigiendo que se establezcan estándares más rigurosos de fiscalización por parte de las autoridades competentes en todo el territorio nacional, cautelando que la trágica partida de Diego Fredes no quede en la impunidad.
