La familia de Daniela Chávez, de 40 años y madre de tres hijos, ha emprendido acciones legales para esclarecer las causas de su deceso, ocurrido el 20 de agosto de 2024, tras someterse a una intervención de bypass gástrico. A través de una querella por cuasidelito de homicidio y una demanda civil de indemnización de perjuicios contra la Clínica Alemana de Temuco, sus cercanos buscan determinar si existieron responsabilidades médico-sanitarias y una deficiente atención postoperatoria en el recinto de salud privado de la Región de La Araucanía.
El caso ha generado conmoción pública y revive el debate nacional sobre los protocolos de seguimiento clínico y el acompañamiento a pacientes sometidos a cirugías bariátricas complejas. Según los antecedentes expuestos por el entorno de la víctima, tras la operación la paciente comenzó a experimentar un paulatino deterioro físico manifestado en la incapacidad para tolerar adecuadamente alimentos tanto sólidos como líquidos, situación que habría encendido alertas que —según acusan— no fueron abordadas con la diligencia requerida por el equipo tratante.
Acciones legales y cuestionamientos a la respuesta institucional
El abogado representante de la familia, Gonzalo Torres, detalló que el 19 de agosto de 2024, apenas un día antes del trágico desenlace, la paciente se practicó exámenes médicos en el mismo recinto asistencial que arrojaron una severa alteración electrolítica. «Ella se realiza los exámenes el día 19 de agosto en la Clínica Alemana, y resulta que la llamada telefónica le avisa que tiene un problema con los resultados y que se acerque con su médico, sin embargo ella fallece al día siguiente», afirmó el jurista, cuestionando que un cuadro de descompensación de tal magnitud no se advirtiera y tratara de manera oportuna con hospitalización o monitoreo estrecho.
Por su parte, Marcelo Coliñir, esposo de la afectada, relató con dolor cómo transcurrieron las últimas horas de normalidad familiar antes del trágico hallazgo al mediodía, cuando regresó a su domicilio y la encontró sin vida. Asimismo, el viudo denunció que durante los más de dos años transcurridos desde el suceso, la institución privada no se ha acercado a ellos ni ha entregado explicaciones satisfactorias sobre los protocolos aplicados o los antecedentes clínicos que rodearon los últimos días de vida de la paciente.
Investigación en manos del Ministerio Público
Actualmente, la indagatoria penal se encuentra radicada en el Ministerio Público, entidad que dirige las diligencias para esclarecer la eventual relación directa entre el estado de salud postoperatorio, la gestión de los resultados clínicos y el posterior fallecimiento de la vecina de Temuco. Los querellantes esperan que los peritajes médico-legales y el análisis de la ficha clínica aporten claridad técnica respecto a si existió o no una vulneración a los protocolos estándar de atención en salud.
En el ámbito civil, la demanda busca además sentar un precedente en materia de responsabilidad médica y reparación a los hijos menores que dejó la víctima. Mientras el proceso judicial avanza en los tribunales del sur del país, la familia insiste en que su único objetivo es alcanzar justicia y transparencia frente a una pérdida que consideran pudo haberse evitado de haber mediado una atención clínica más rigurosa y preventiva.
