El Servicio de Salud Osorno notificó de manera oficial el término anticipado del contrato con la constructora Standarhouse Ltda., entidad que se encontraba a cargo de la ejecución del anhelado proyecto del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Bahía Mansa. La medida adoptada por la repartición pública responde al lento y deficiente avance de las obras, las cuales registran actualmente un 43% de ejecución general y apenas experimentaron un incremento del 2% durante los últimos 57 días corridos. Ante este escenario adverso, las autoridades sanitarias concluyeron que resulta materialmente imposible dar cumplimiento a la fecha de entrega fijada originalmente para el próximo 27 de enero de 2027, abriendo un nuevo flanco de incertidumbre para los habitantes del sector.
Esta drástica decisión institucional se materializa tras intensos cuestionamientos ciudadanos y técnicos por el rezago en el desarrollo de la iniciativa, una obra largamente esperada que considera una inversión pública cercana a los $5.900 millones y que ya acumulaba dos ampliaciones formales de plazo. Los antecedentes históricos del proyecto remontan su gestación inicial al año 2011, periodo desde el cual debió sortear múltiples obstáculos administrativos, incluidas tres licitaciones declaradas desiertas o fallidas antes de lograr la adjudicación a la empresa constructora ahora desvinculada.
Facilidades agotadas y descargos pendientes
En relación con los motivos que llevaron a este desenlace, el director subrogante del Servicio de Salud Osorno, Luis Barrientos, detalló que el aparato estatal otorgó diversas facilidades y holguras reglamentarias a la compañía para intentar destrabar las faenas, sin que estas gestiones rindieran frutos positivos. “Es un proyecto que tiene larga data. Esto tiene un origen por ahí por 2011, y sucesivas licitaciones fallidas, tres para ser exactos”, explicó la autoridad durante su intervención pública, lamentando que a pesar de haber agotado las alternativas normativas disponibles no fuera posible asegurar el ritmo constructivo requerido.
Tras la notificación formal, la empresa constructora cuenta con un plazo legal de cinco días hábiles para presentar sus descargos ante el servicio público. En el evento de que dichos argumentos no sean acogidos por la repartición, se procederá inmediatamente a la liquidación administrativa del contrato, fase que contempla una rigurosa valorización de la infraestructura efectivamente levantada para someter posteriormente los antecedentes a la debida toma de razón de la Contraloría General de la República.
Proyecciones y futuro financiamiento de la obra
Respecto a los plazos venideros, desde el Servicio de Salud indicaron que recién a mediados de 2027 —una vez superada la fase de liquidación legal— se proyecta estructurar una nueva licitación preliminar orientada a determinar los costos reales necesarios para retomar la edificación. Por consiguiente, en la actualidad no existe una fecha cierta para la reactivación definitiva de las faenas en terreno, prolongando la espera para los usuarios de la red pública en la zona costera.
Finalmente, el director subrogante ratificó que tanto el Ministerio de Salud como el Gobierno Regional mantienen su respaldo político e institucional para asegurar la continuidad del proyecto sanitario, aunque reconoció que será indispensable gestionar recursos presupuestarios adicionales debido al incremento en los costos de construcción. Paralelamente, las instituciones fiscalizadoras mantienen abiertos procesos de revisión, incluyendo un sumario administrativo instruido en septiembre pasado para esclarecer responsabilidades en el desarrollo de la fallida ejecución contractual.
