La Fuerza Aérea de Chile (FACh) asignó mediante trato directo un millonario contrato para la mantención del avión presidencial Boeing 767-300ER, según reveló una investigación de BioBioChile. La decisión se adoptó después de que la institución diera de baja, sin mayores explicaciones, una licitación internacional que había convocado a firmas de distintos países. El contrato recayó en la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), que a su vez subcontrató a la sociedad estadounidense RAM, con sede en Miami, la que finalmente derivó parte de los trabajos a la chilena APAS Chile. Esta última compañía no contaba con experiencia certificada para operar en aeronaves de fuselaje ancho, y obtuvo la acreditación correspondiente casi dos semanas después de que el avión ingresara a sus dependencias, el pasado 2 de octubre.
El origen del proceso se remonta a mediados de este año, cuando la FACh abrió una licitación internacional para ejecutar el denominado Check-C —una inspección de mantenimiento exhaustiva y profunda— y la aplicación de las directivas de aeronavegabilidad (ADs), que corrigen condiciones inseguras detectadas en componentes de la nave. Sin embargo, el concurso fue dado de baja de “manera intempestiva”, según fuentes conocedoras del proceso, y el Comando Logístico de la Fuerza Aérea optó por contratar directamente a ENAER, en su calidad de empresa del Estado, amparándose en la normativa legal vigente. La institución justificó la medida en su política de fortalecimiento de la industria aeronáutica nacional, pero no reveló el monto del contrato, argumentando que los detalles técnicos y logísticos están protegidos por razones de seguridad nacional y reserva institucional.
El trato directo y la cadena de subcontrataciones que involucra al avión presidencial
De acuerdo con los antecedentes recabados, ENAER no disponía de la capacidad técnica para realizar los trabajos de mayor envergadura, por lo que contactó a RAM, una empresa con sede en Miami, que a su vez derivó las labores a su filial chilena APAS Chile, con asiento en Pudahuel. El avión presidencial ingresó al taller de esta última el 2 de octubre pasado, pero en ese momento la compañía solo contaba con autorización para dar servicios a Boeing de fuselaje angosto (narrow-body). Recién el 13 de octubre obtuvo la acreditación necesaria por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para operar en aviones de fuselaje ancho (wide-body). Fuentes que pidieron reserva explicaron que ello implica que APAS no tenía experiencia probada en los trabajos específicos que le fueron asignados, aunque la DGAC confirmó que el viernes 9 de octubre realizó una visita técnica en la que dio el visto bueno para las operaciones, oficializadas el 13 de octubre.
La FACh declinó responder cuánto dinero desembolsó en favor de estas compañías. “Es importante señalar que los detalles técnicos, logísticos y operativos vinculados al sostenimiento del material aéreo se encuentran protegidos por razones de seguridad nacional y reserva institucional”, explicaron desde la institución. “Por consiguiente, no es posible divulgar información específica que pudiera comprometer la seguridad operativa o la capacidad de defensa del Estado”. Fuentes de la industria comentan que los valores, en todo caso, se cuentan en varios millones de dólares. La DGAC, consultada sobre los tiempos que demoró APAS Chile en obtener el permiso y el promedio que demoran otras empresas del rubro, no emitió un pronunciamiento hasta el cierre de la edición.
Impacto en la próxima gira presidencial y cuestionamientos a la transparencia del proceso
El avión presidencial salió del hangar el 22 de octubre, pero se desconoce si estará disponible para la próxima gira del presidente José Antonio Kast a China, programada para la próxima semana. La incertidumbre sobre la aeronave se suma a las dudas sobre la idoneidad del proceso de contratación y la experiencia de la empresa subcontratada. El caso ha generado cuestionamientos en torno a la transparencia de las compras públicas en el ámbito de la defensa, aunque la FACh sostiene que la decisión se ajusta a la ley y a su política de fortalecimiento de la industria nacional. La investigación de BioBioChile puso de relieve una cadena de subcontrataciones que terminó en una compañía que recién obtuvo la certificación para fuselaje ancho después de que la nave presidencial ya estaba en sus instalaciones.
El episodio también pone de relieve el rol de ENAER como empresa estatal proveedora de servicios aeronáuticos y la complejidad de los trabajos de mantenimiento de una aeronave de las características del Boeing 767-300ER, utilizado para los desplazamientos de la máxima autoridad del país. Mientras no se conozca el costo final ni los alcances exactos del contrato, el debate sobre la transparencia y la idoneidad técnica de los subcontratistas seguirá abierto. La FACh no ha entregado nuevos antecedentes sobre la disponibilidad del avión para la gira presidencial, lo que mantiene la atención sobre un proceso que combina urgencia operativa, reserva institucional y cuestionamientos públicos.
