El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó severamente la reforma del INDH impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo que las modificaciones planteadas en el proyecto de ley podrían comprometer seriamente la autonomía que requiere un organismo de esta naturaleza. Durante su presentación ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, la autoridad enfatizó que el Poder Ejecutivo constituye la principal contraparte que el instituto debe fiscalizar y emplazar permanentemente, por lo que cualquier intervención en su estructura decisional representa una señal de alerta para la institucionalidad democrática del país.
La iniciativa legislativa presentada recientemente ingresada a tramitación propone profundas transformaciones en la orgánica del INDH. Entre sus disposiciones más controvertidas figuran la supresión de la facultad legal para presentar querellas criminales en casos de violaciones a los derechos humanos, la reducción del número de integrantes del Consejo desde los actuales 11 miembros a sólo 5, y la creación de una nueva figura directiva unipersonal denominada director ejecutivo. Estos cambios han encendido las alarmas en diversas organizaciones de la sociedad civil y al interior del propio servicio autónomo.
La defensa de la independencia frente al Poder Ejecutivo
Durante su exposición legislativa, Ljubetic argumentó con firmeza que la naturaleza de una entidad defensora de los derechos fundamentales implica mantener una relación tensa e independiente respecto de quienes administran el Estado. Recordó que el INDH ha mantenido históricamente una convivencia compleja con distintas administraciones de diverso signo político, abarcando los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, lo cual forma parte del ejercicio natural de sus funciones fiscalizadoras y no una anomalía institucional.
En un pasaje relevante de su intervención, el titular del INDH destacó la postura adoptada por el exmandatario Sebastián Piñera en períodos de alta convulsión social. Según relató, pese a las profundas diferencias políticas y los duros cuestionamientos surgidos tras la crisis social, jamás se evaluó la posibilidad de disolver el organismo, recortar sus atribuciones legales ni restringir su financiamiento. Por el contrario, recordó que en dicha época se inyectaron recursos adicionales para atender de manera oportuna a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Desafíos legislativos y el rol fiscalizador del Estado
Las repercusiones de este debate parlamentario continúan generando reacciones en el espectro político nacional y en las agrupaciones de defensa de los derechos ciudadanos. Los parlamentarios de la comisión deberán ponderar los argumentos técnicos expuestos por la dirección del INDH en medio de la discusión de un articulado que promete extensos debates en ambas cámaras del Congreso Nacional, dado el impacto que la reestructuración tendría en el equilibrio de poderes y en las garantías de protección ciudadana en Chile.
Finalmente, desde el organismo se reiteró el llamado a los legisladores a resguardar los estándares internacionales de independencia que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos bajo los Principios de París. La discusión sobre el futuro del INDH se instala así como uno de los nudos críticos de la agenda legislativa actual, poniendo en el centro de la deliberación pública los límites de la intervención gubernamental en entidades autónomas de fiscalización y control del Estado.
