En un nuevo fallo enmarcado en causas de derechos humanos, la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a presidio perpetuo al teniente coronel en retiro del Ejército, Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, por su responsabilidad directa en el homicidio calificado de 17 personas en la Región de Los Ríos. El dictamen judicial, emitido en primera instancia, establece la autoría del exoficial en los crímenes perpetrados en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono, un episodio emblemático de la represión militar contra los trabajadores forestales de la zona sur del país durante los primeros meses de la dictadura.
Los antecedentes recopilados durante la investigación judicial detallan que las víctimas eran campesinos y trabajadores pertenecientes al Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. La persecución política en el sector se intensificó tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, momento en el cual comenzaron las detenciones arbitrarias. El trágico operativo principal se ejecutó el 9 de octubre de aquel año, cuando una comitiva compuesta por aproximadamente 90 efectivos pertenecientes a los regimientos de Caballería N° 2 Cazadores y de Artillería Motorizada N° 2 Maturana, ambos acantonados en Valdivia, se desplazó por localidades como Futrono, Curriñe y Chabranco para arrestar sistemáticamente a los pobladores.
Contexto de los crímenes y ejecución en Chihuío
Durante el operativo militar, los afectados fueron aprehendidos y trasladados hasta las dependencias de la casa patronal de un fundo en las Termas de Chihuío, donde permanecieron cautivos y maniatados con alambres. Entre las víctimas se encontraba un adolescente de tan solo 17 años, identificado como Fernando Adrián Mora Gutiérrez. Conforme a la reconstrucción de los hechos realizada por el tribunal, durante la noche del 9 de octubre los prisioneros fueron conducidos a un sector boscoso ubicado a unos 500 metros del inmueble, sitio en el cual fueron ejecutados mediante ráfagas de fusilería por los efectivos militares.
Posteriormente a las ejecuciones, los cuerpos de los 17 trabajadores y campesinos fueron sepultados de manera clandestina en tres fosas comunes. Años más tarde, los restos fueron removidos por terceros con el evidente propósito de ocultar las evidencias del delito. Pese a las diligencias arqueológicas y judiciales desarrolladas con posterioridad, que permitieron rescatar fragmentos óseos, vestimentas y efectos personales, hasta la actualidad no ha sido posible dar con el paradero de los restos trasladados, privando a los familiares de la posibilidad de brindarles una sepultura digna.
Prisión preventiva inmediata y proyecciones del proceso judicial
Junto con la pena de presidio perpetuo dictada contra Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares, la ministra en visita Paola Plaza ordenó su ingreso inmediato a prisión y su permanencia bajo privación de libertad mientras continúan avanzando las etapas procesales de la causa. Esta medida cautelar fue decretada considerando la extrema gravedad de los hechos investigados y la cuantía de la sentencia condenatoria impuesta en contra del exuniformado, marcando un hito en las resoluciones de primera instancia vinculadas a violaciones a los derechos humanos en el país.
El fallo judicial enumera formalmente la responsabilidad del condenado en los homicidios calificados de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada y del menor Fernando Adrián Mora Gutiérrez, reafirmando el compromiso del poder judicial con la búsqueda de verdad y justicia en causas de lesa humanidad.
