La exministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó una dura crítica frente al reciente acuerdo con camioneros suscrito por la administración del Presidente José Antonio Kast. La exsecretaria de Estado cuestionó la legitimidad y el costo fiscal de las medidas adoptadas para deponer las movilizaciones en las rutas del país, las cuales incluyeron una drástica reversión en las alzas de los combustibles y beneficios arancelarios extendidos para el sector del transporte de carga, lo que ha generado un intenso debate en la esfera política nacional.
El conflicto, que mantenía en vilo el abastecimiento y la conectividad en diversas regiones de Chile, incluyendo zonas estratégicas como la Región de Atacama, se zanjó tras una mesa de negociación donde el Ejecutivo cedió en puntos clave relativos al Impuesto Específico y los mecanismos de estabilización de precios. Según Tohá, este tipo de resoluciones no solo comprometen recursos que podrían destinarse a otras urgencias sociales, sino que también debilitan la institucionalidad frente a las presiones de grupos de interés específicos que utilizan el bloqueo de rutas como herramienta de negociación.
Impacto del acuerdo con camioneros en la política fiscal
En términos técnicos, el acuerdo con camioneros contempla la anulación del alza de $42 por litro aplicada recientemente al diésel y de $39 a las gasolinas. Adicionalmente, el Gobierno se comprometió a una rebaja extraordinaria de $100 por litro en el diésel, acumulando un descuento total de $142 por litro para este combustible. A través de sus redes sociales, Tohá fustigó esta decisión señalando que «lo que el gobierno encontraba demasiado caro para cuidar el bolsillo de las familias, proteger el empleo o recuperar la economía, sí le parece razonable para calmar a los camioneros».
La exministra fue enfática al señalar que esta forma de gobernar equivale a establecer una «fábrica de malestar social», sugiriendo que se privilegia a sectores con capacidad de presión por sobre las necesidades generales de la población. En su análisis, recordó que administraciones previas, específicamente las de Ricardo Lagos y Gabriel Boric, enfrentaron escenarios de movilización similares sin recurrir a lo que calificó como «concesiones desmedidas», optando en su lugar por hacer cumplir la ley y mantener la estabilidad de las arcas públicas.
Subtítulo sobre proyecciones y estabilidad del transporte
A pesar de la firma del documento, la situación en las carreteras no se ha normalizado por completo, ya que facciones de camioneros independientes han manifestado su disconformidad, asegurando que sus demandas estructurales no han sido resueltas. El compromiso del Ejecutivo incluye además el congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, una medida de largo aliento que genera incertidumbre entre los economistas respecto a su sostenibilidad frente a las variaciones del mercado internacional del petróleo.
El impacto de este acuerdo con camioneros seguirá siendo monitoreado por diversos sectores políticos, mientras se evalúa si la estrategia de la actual administración logrará efectivamente garantizar la paz social en las rutas o si, por el contrario, incentivará nuevas paralizaciones de otros gremios que busquen beneficios similares. Por ahora, el Ministerio de Hacienda deberá reajustar las proyecciones presupuestarias para absorber el costo de los subsidios implícitos en las nuevas tarifas de hidrocarburos que regirán en el territorio nacional.
