Una extensa investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en estrecha coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desarticular durante octubre de 2026 una organización criminal dedicada a la retransmisión ilegal de señales televisivas mediante las plataformas Ultra IPTV y Mega IPTV. La red operó al margen de la ley durante casi una década, generando ingresos estimados en cerca de $4.500 millones a través de la comercialización clandestina de contenidos audiovisuales. El operativo culminó con la detención de dieciséis personas, entre las cuales figuran los principales operadores del clan familiar, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva los imputados Luis y Bruno Cisternas.
El esquema delictivo comenzó a gestarse en el año 2017 bajo la dirección de Luis Patricio Cisternas Marín, quien estructuró un sistema para comercializar paquetes de televisión por suscripción a precios considerablemente inferiores a los del mercado formal. Posteriormente, con la incorporación activa de su hijo Bruno Patricio Cisternas Gaete, quien poseía avanzados conocimientos en informática, la organización adoptó una estructura societaria más sofisticada. A través de la creación de entidades ficticias como Grupo CG SpA, el clan logró canalizar y ocultar los millonarios flujos de dinero provenientes de miles de usuarios que contrataban servicios desde $4.990 mensuales, introduciendo los recursos al sistema financiero formal con apariencia de legalidad.
Ruta del dinero y ostentoso patrimonio del clan
A medida que el negocio ilegal se consolidaba, los principales involucrados comenzaron a exhibir un patrimonio incompatible con sus ingresos tributarios declarados. La investigación policial constató que Bruno Cisternas, quien combinaba sus labores informáticas con su pasión por la aviación, adquirió bienes de alto valor, incluyendo vehículos de lujo, propiedades pagadas al contado y una avioneta particular, además de realizar frecuentes viajes al extranjero. Los dineros ilícitos circulaban a través de una compleja red de cuentas bancarias provistas por otros miembros de la familia, tales como María Elena Gaete Cerda y Bárbara Elena Cisternas Gaete, quienes actuaban como testaferros para fragmentar y distribuir los fondos recaudados mediante pasarelas de pago digitales.
A pesar de las alertas tempranas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en los años 2019 y 2020, sumado a las denuncias formales interpuestas por operadoras de televisión de pago afectadas como DirecTV, Movistar, VTR y Claro, la red logró eludir la persecución penal durante años. Sin embargo, el entrecruzamiento de datos bancarios y las fiscalizaciones a las sociedades de fachada permitieron a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana de la PDI establecer el rastro de más de $665 millones transferidos entre familiares, desmoronando la fachada comercial de la organización.
Impacto en la industria formal y próximas etapas judiciales
El golpe perpetrado por el Ministerio Público y la PDI pone de relieve los graves perjuicios económicos que la piratería digital genera en la industria de las telecomunicaciones y los creadores de contenidos en Chile. La comercialización irregular de señales mediante protocolos de internet no sólo vulnera la legislación sobre propiedad intelectual, sino que también debilita el mercado formal regulado y promueve la evasión tributaria a gran escala. Con los dieciséis imputados formalizados y los principales líderes en prisión preventiva, el tribunal fijó los plazos legales para continuar con las diligencias investigativas, orientadas a la recuperación de activos y la eventual incautación definitiva de los bienes adquiridos con fondos de origen ilícito.
