Un reciente estudio desarrollado de manera conjunta por Clapes UC y la Fundación Paz Ciudadana reveló que la delincuencia en Chile generó un costo económico estimado en US$10.540 millones durante el año 2025, una cifra que equivale al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta investigación, que detalla la evolución del impacto económico del delito entre los años 2013 y 2025, pone de manifiesto cómo la carga financiera y operativa recae de forma significativa en el sector privado, el cual ha debido intensificar de manera exponencial sus partidas presupuestarias orientadas a la seguridad y a la prevención a lo largo del territorio nacional.
El informe técnico detalla que, si bien la cifra registrada en 2025 experimenta una leve disminución en comparación con el récord histórico del 3,16% del PIB anotado durante 2024, continúa duplicando con holgura los registros observados poco más de una década atrás, cuando el impacto se situaba en un 1,99% del PIB en 2013. Los expertos advierten además que estos cálculos representan una cota inferior del costo social efectivo, dado que la metodología no contempla externalidades complejas y profundas como los cambios de conducta derivados del temor ciudadano ni los daños psicológicos sufridos por las víctimas de la criminalidad.
El peso de la prevención y la seguridad privada
Uno de los hallazgos más decidores del análisis económico es que casi la totalidad del incremento sostenido en seguridad se ha canalizado hacia medidas de anticipación y disuasión del delito. Mientras que en 2013 este vector representaba apenas el 35% del costo total con US$1.627 millones, para el año 2025 escaló hasta los US$6.327 millones, abarcando el 60% de la carga agregada y experimentando un crecimiento real anual del 12%. Dentro de este segmento, la industria de la seguridad privada experimentó un despegue histórico al multiplicarse por ocho en el periodo analizado, pasando de US$510 millones a US$4.067 millones, monto al que se adicionan los considerables desembolsos ejecutados en materia de ciberseguridad por parte de la banca y la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile (ANCI), que sumaron US$1.571 millones en 2025.
En la misma línea, el desglose institucional constata que el sector privado asumió una carga cercana a los US$8.200 millones —equivalente al 2,36% del PIB nacional—, superando ampliamente los US$2.300 millones erogados por el Estado. Los investigadores puntualizan que la totalidad del aumento registrado desde el año 2013 proviene del esfuerzo financiero desplegado por los particulares y las empresas, mientras que los costos asociados a las consecuencias y a la respuesta institucional han evolucionado de una manera comparativamente más moderada a lo largo de los años.
Evaluación gubernamental y proyecciones presupuestarias
Frente a estos antecedentes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, participó en la presentación de los resultados y destacó que la actual administración ha fortalecido significativamente el presupuesto destinado tanto a las policías como a Gendarmería de Chile. El secretario de Estado vinculó este despliegue fiscal con una serie de descensos en indicadores delictuales de alta complejidad, reportando una baja interanual del 15% en los homicidios, del 32% en los secuestros y del 19% en los robos con violencia a nivel país.
Respecto al comportamiento de los delitos más violentos, la autoridad ministerial aclaró que la medición semestral sitúa la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2,3 durante el primer semestre, equiparando los registros que mantenía el país en 2018 y alejándose de los máximos históricos experimentados entre 2022 y 2023. Desde el Ejecutivo enfatizaron que el desafío futuro radica en consolidar las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado para optimizar los recursos de prevención y mitigar de manera sostenida el impacto financiero que la criminalidad genera sobre la economía chilena.
