La designación del nuevo fiscal regional de Valparaíso se ha convertido en un foco de tensión institucional sin precedentes tras la exclusión de cinco candidatos por parte del pleno extraordinario de la Corte de Apelaciones porteño. Esta decisión, adoptada el pasado 6 de noviembre, ha generado una ola de críticas dentro del mundo judicial y de la Fiscalía Nacional, apuntando directamente a la presidenta del tribunal, ministra Silvana Donoso, por lo que varios sectores interpretan como un exceso de formalismo o incluso un intento de manipular el resultado del concurso. Los cinco perjudicados han ingresado un recurso de reposición que ahora deberá ser resuelto por el mismo tribunal, en una situación que pone en jaque la transparencia del proceso a semanas de que termine el periodo de la fiscal saliente, Claudia Perivancich, el 29 de diciembre.
El conflicto surge de una revisión formal exigente realizada por el pleno, que dejó fuera a postulantes por errores específicos en la documentación. Entre los excluidos se encuentran el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, y el fiscal Fred Silva, acusados de adjuntar certificados de antecedentes para fines particulares en lugar de los especiales exigidos. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, fue eliminado por omisiones en su declaración jurada respecto a vínculos con el Presidente de la República, mientras que la fiscal Greta Fuchslocher fue descartada por estar casada con otro fiscal, lo que se consideró una incompatibilidad legal. Asimismo, el fiscal jefe de San Antonio, Samuel Núñez, fue excluido por acreditar mal su título de abogado.
Polémica por el manejo del concurso y la figura de la ministra Donoso
Las fuentes del proceso señalan que la decisión del pleno fue dividida y que la actuación de la ministra Silvana Donoso ha sido puesta bajo la lupa. En privado, algunos aspirantes acusan un manejo tendencioso que busca favorecer a ciertos candidatos sobre otros, rompiendo con la tradición de flexibilidad que ha caracterizado a otros concursos judiciales. La exclusión de Mario Carrera, quien era visto como uno de los favoritos del fiscal nacional Ángel Valencia, ha intensificado las suspicacias, dado que en postulaciones anteriores ante otras cortes de apelaciones, Carrera no había presentado problemas similares con su documentación.
El acta del pleno extraordinario, que contó con la presencia de nueve ministros, resolvió que solo seis candidatos cumplían los requisitos legales para continuar. Entre los que siguen en carrera se encuentran el fiscal de Villa Alemana Osvaldo Basso, la asesora de la fiscal saliente María José Lecaros, el jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos Gonzalo Marks, el fiscal Metropolitano Sur Víctor Núñez, el fiscal jefe de Valparaíso Miguel Tapia y el coordinador de ECOH en Valparaíso José Antonio Uribe. La decisión de no otorgar plazos para subsanar errores, a diferencia de lo ocurrido en el concurso de la Fiscalía Centro Norte en enero, ha sido señalada como un precedente peligroso para la autonomía y equidad de los procesos de selección en el Poder Judicial.
Recurso de reposición y el futuro incierto de la Fiscalía de Valparaíso
El impacto de esta controversia trasciende el ámbito local de Valparaíso, afectando la percepción de estabilidad institucional en el sistema de justicia chileno. El recurso de reposición presentado por los cinco excluidos obliga al pleno de la Corte de Valparaíso a revisar su propia decisión, lo que podría extender los plazos de designación y generar una vacancia prolongada en el cargo de máxima jerarquía fiscal de la región. La comunidad jurídica observa con atención cómo se resolverá este conflicto, ya que el resultado podría sentar un precedente sobre el rigor formal versus la sustancia en los concursos de altos cargos públicos.
Mientras se define el recurso, la Fiscalía Regional de Valparaíso se encuentra en una situación de incertidumbre a menos de dos meses de la salida de Claudia Perivancich. La presión política y judicial por definir al sucesor es alta, y cualquier demora adicional podría afectar la continuidad operativa de la institución en una de las regiones más importantes del país. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de actualizar las bases de los concursos y garantizar mayor transparencia en la actuación de las cortes de apelaciones al momento de evaluar a los postulantes, evitando que la rigidez administrativa se convierta en un obstáculo para la meritocracia.
















