Un amplio despliegue policial en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara, en la Región de Tarapacá, concluyó con un saldo de 26 detenidos, 34 denuncias por ingreso irregular al país y 397 personas fiscalizadas, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. Los procedimientos, que involucraron a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y diversos organismos públicos, fueron supervisados por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien aprovechó la instancia para insistir en la necesidad de modificar la legislación migratoria vigente.
La actividad se enmarca en el plan de reforzamiento de controles en la zona norte del país, una área especialmente sensible debido a la presencia de pasos no habilitados y al flujo migratorio. En la Plaza Arturo Prat de Iquique, la PDI fiscalizó a 146 personas, de las cuales 120 eran extranjeras, dejando como resultado 14 detenidos, siete notificaciones de expulsión y 29 denuncias por ingreso a través de pasos no habilitados. En Alto Hospicio, en tanto, se realizaron 139 controles de identidad y 232 controles vehiculares, con cinco detenidos por delitos como conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas, apropiación indebida y una orden de detención vigente.
Arrau y la urgencia de cambiar las normas migratorias
El ministro Arrau no solo valoró el trabajo de las instituciones, sino que fue enfático en señalar que los operativos por sí solos no son suficientes. “Para esto no solamente basta la voluntad de los funcionarios policiales y de diferentes instituciones, no solamente más recursos, que es lo que estamos haciendo, el despliegue en la zona fronteriza, sino que tenemos que cambiar nuestras leyes”, afirmó la autoridad durante su visita a la zona.
En esa línea, el secretario de Estado cuestionó que las personas detectadas en situación migratoria irregular puedan quedar en libertad tras ser denunciadas, incluso cuando registran ingresos reiterados al país. “Es una falta, no es un delito y es muy cuesta arriba para los funcionarios. Se enrola, se vuelve a denunciar, la persona sigue, queda en libertad citada o denunciada. Ese es el sistema que tenemos que empezar a cambiar”, concluyó Arrau, dejando entrever que la actual normativa desincentiva la persecución penal de estas conductas.
El balance también incluyó resultados en Huara, donde fueron fiscalizadas 112 personas, cinco de las cuales fueron denunciadas por ingreso irregular. Además, se detectó a dos transportistas por infracciones a la legislación migratoria, se dispuso una medida de expulsión y se informó de una investigación en curso por tráfico ilícito de migrantes. En el ámbito delictual, la Subcomisaría de Huara, entre el 28 y el 31 de octubre, registró siete detenidos, el decomiso de 550 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando y la incautación de 16 ovoides con 185 gramos de ketamina, lo que evidencia la complejidad del fenómeno en la zona.
Impacto en la comunidad y proyecciones legislativas
Los operativos en Tarapacá reflejan una creciente preocupación por el control migratorio y el combate al crimen organizado en el norte de Chile. La autoridad ha insistido en que se requiere una institucionalidad más robusta para enfrentar estas situaciones, y ha llamado al Congreso a tramitar con celeridad las iniciativas que permitan sancionar con mayor rigor el ingreso irregular. Mientras tanto, las policías continúan desplegadas en la zona, y se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos balances de fiscalización.
Para las comunidades de Iquique, Alto Hospicio y Huara, los resultados de estos procedimientos representan un alivio en materia de seguridad, aunque también evidencian la necesidad de abordar las causas estructurales de la migración irregular. El ministro Arrau ha sido claro en que el Gobierno seguirá presionando por cambios legales, y se prevé que en las próximas semanas se retomen las discusiones en el Parlamento sobre la materia. La ciudadanía, por su parte, observa con atención los anuncios, a la espera de que las modificaciones se traduzcan en herramientas efectivas para las policías y en una disminución de los delitos asociados a la migración irregular.
