El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, será formalizado este lunes y martes por el delito de fraude al fisco en el marco del caso Embotelladora Llacolén, que indaga la condonación de $1.200 millones en patentes comerciales aprobada por el concejo municipal en 2020. La audiencia, que se realizará en el Juzgado de Garantía de Coronel, también alcanza a un exdirector jurídico y a cuatro exconcejales que participaron en la votación. Se trata del quinto intento del Ministerio Público por llevar a cabo la formalización, la que ha sido suspendida durante dos años por diversas razones, entre ellas la falta de jueces, el acceso incompleto a la carpeta judicial virtual y la licencia médica del abogado defensor del jefe comunal.
La investigación se remonta a 2020, cuando el concejo municipal de Coronel aprobó la condonación de una deuda por patentes comerciales a la Embotelladora Llacolén, propiedad del empresario Alberto Scuncio. Según la Fiscalía, dicha condonación se habría realizado de manera irregular, configurando un perjuicio fiscal. El caso ha estado marcado por una serie de dilaciones procesales que han impedido que la audiencia de formalización se concrete. En total, son cinco los intentos fallidos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la celeridad de la justicia en este tipo de causas. La fiscal anticorrupción Glenda Lagos está a cargo de la acusación y ha señalado que podría solicitar medidas cautelares privativas de libertad, como la prisión preventiva, dependiendo de los argumentos que se expongan en la audiencia.
Detalles del caso Embotelladora Llacolén y los imputados
Junto al alcalde Chamorro, están imputados cuatro exconcejales que aprobaron la condonación: Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes. Además, figura el exdirector jurídico de la época, Cristián Pinto. La mayoría de los imputados dejaron sus cargos en 2024, lo que ha llevado a sus defensas a evaluar la posible prescripción del delito. El abogado defensor Andrés Cruz explicó que la acción penal podría estar prescrita, considerando el tiempo transcurrido desde los hechos. Asimismo, descartó un avenimiento entre las partes, argumentando que la autorización del Concejo Municipal al alcalde se basó en «informes de peritos independientes que manifestaban irregularidades en el cobro de derechos por parte de la municipalidad hacia una entidad empresarial».
En esa línea, la defensa sostiene que la Embotelladora Llacolén demandó civilmente al municipio, acusando cobros irregulares. Si dicha demanda prospera, podría desvirtuar la tesis de un actuar defraudatorio por parte de las autoridades municipales. Por su parte, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado insisten en que la condonación de $1.200 millones constituye un fraude al fisco, pues se habría otorgado un beneficio indebido a una empresa privada en desmedro de las arcas municipales. La audiencia de formalización será clave para determinar las medidas cautelares y el rumbo del proceso.
Impacto en la comunidad de Coronel y proyecciones del proceso judicial
El caso ha generado gran expectación en Coronel, comuna perteneciente a la Provincia de Concepción, en la Región del Biobío. La comunidad espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. La condonación de una deuda tan significativa a una empresa privada ha sido vista como un posible acto de corrupción que afecta la confianza en las instituciones locales. El alcalde Chamorro, quien ha manifestado su disposición a enfrentar el proceso, aseguró recientemente que «llegó la hora de hablar», en alusión a la necesidad de entregar su versión de los hechos. Sin embargo, no se han conocido declaraciones más detalladas de su parte.
Se espera que durante la audiencia, que se extenderá por dos días, se presenten los argumentos de ambas partes y se resuelva sobre las medidas cautelares. La Fiscalía podría solicitar la prisión preventiva para el alcalde y los demás imputados, lo que dependerá de la gravedad de los cargos y del riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Las defensas, por su parte, insistirán en la prescripción y en la legalidad de los cobros municipales. El caso Embotelladora Llacolén se ha convertido en uno de los procesos más emblemáticos de la región y su desenlace podría sentar un precedente en materia de probidad y transparencia en la administración municipal.
