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La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (AGRUMIN) manifestó su profunda frustración frente al texto aprobado en materia de patentes por la Comisión de Minería y Energía del Senado. De acuerdo con el gremio, la iniciativa representa un avance tímido que no resuelve los problemas de fondo que enfrenta el sector en zonas mineras como la Región de Atacama y el norte del país.
El presidente de la multigremial, Patricio Gatica, criticó duramente que la normativa mantenga trabas administrativas para acceder a beneficios tributarios. A su juicio, resulta desafortunado que se consagre el hecho de condicionar la rebaja de patentes —en propiedades que no están en explotación directa pero que amparan infraestructura y faenas complementarias— a la presentación y validación de evidencia documental ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Riesgo de remates y alza de costos
Desde AGRUMIN llamaron a restituir un régimen de amparo que sea coherente con la realidad operativa de los pequeños productores. En ese sentido, cuestionaron el fuerte incremento de 0,1 a 0,4 UTM por hectárea en caso de no lograr la acreditación requerida bajo las tipologías del artículo 142 bis del proyecto.
Según expuso el timonel del gremio, el esquema vigente ya genera efectos severos en la actividad debido al alto volumen de rechazos infundados por parte del organismo fiscalizador:
- Elevada tasa de rechazo de antecedentes para acreditar la condición de pequeño productor ante Sernageomin.
- Imposibilidad económica de costear el amparo sin rebaja con la tasa aumentada de 0,4 UTM por hectárea.
- Un porcentaje significativo de concesiones y propiedades mineras que actualmente se encuentran en proceso de remate por impago.
Desestiman tesis del acaparamiento
Gatica refutó el argumento legislativo que asocia la subida de patentes con el combate al acaparamiento especulativo de tierras, calificándolo como una teoría errónea para este segmento. Afirmó que las concesiones ociosas corresponden principalmente a grandes consorcios mineros como Codelco y empresas multinacionales, y no a pequeños o medianos mineros, cuyas operaciones están sujetas a factores críticos como el acceso al crédito, dificultades de transporte y plazos de comercialización.
Frente a este escenario, AGRUMIN adelantó que buscará exponer sus observaciones técnicas durante la discusión del articulado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, señalando que la mejor alternativa legislativa sería resolver estas discrepancias en una Comisión Mixta.
Finalmente, la dirigencia minera advirtió sobre una contradicción en la política pública hacia el sector productivo. “Se dice reconocer el significativo aporte de la minería en términos de crecimiento y empleo, especialmente en un escenario de emergencia laboral, sin embargo, se adoptan decisiones que van en la dirección contraria”, enfatizó Gatica, cuestionando además la rebaja del 14% en los recursos de fomento para la pequeña y mediana minería contemplada en el proyecto de Ley de Presupuesto.
