Una reforma política que se discute entre parlamentarios y el Gobierno busca modificar el régimen de inhabilidades para quienes desean postular a cargos de elección popular, permitiendo que alcaldes, gobernadores, diputados y senadores compitan por otros puestos sin necesidad de renunciar con un año de anticipación. La propuesta es impulsada por el presidente de la Asociación de Municipalidades, Gustavo Alessandri (RN), y el presidente de los Gobernadores de Chile, Alejandro Santana (RN), y ya cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), y de la titular del Senado, Paulina Núñez (RN). El cambio constitucional acortaría a solo seis meses antes de la elección el período de inhabilidad para postular a cargos cruzados, lo que en la práctica abriría una carrera olímpica de aspiraciones electorales.
Actualmente, la Constitución exige a una autoridad renunciar un año antes de los comicios para poder asumir otra función pública, salvo en candidaturas a la Presidencia de la República o de un diputado al Senado, que no tienen ese período de veda. La reforma, de prosperar, rompería el modelo que intentó plasmar el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, como integrante de la comisión de juristas encabezada por el exministro Enrique Ortúzar, que redactó la Constitución de 1980. En las deliberaciones de la llamada Comisión Ortúzar, Guzmán promovió con fuerza la idea de establecer una clara y «tajante» línea divisoria entre cargos públicos para evitar aprovechamientos electorales desde una determinada investidura.
El legado de Jaime Guzmán y la doctrina de las inhabilidades
Según describen las actas de la Comisión Ortúzar, en la sesión 352.ª, celebrada el 18 de abril de 1978, Guzmán planteó que, como norma general, debieran ser «dos años» de inhabilidad para ciertas autoridades que desearan postular al Congreso. Sin embargo, consideró que «los alcaldes, si son elegidos, deben ceñirse a un término más prolongado, pues tiene que evitarse que el cargo se transforme en el primer peldaño de la carrera política». Una barrera de entrada igual de severa planteó para los dirigentes gremiales, a quienes proponía ponerles un plazo de cuatro años para ser candidatos al Parlamento. Si bien la propuesta final de la Comisión Ortúzar fue moderada posteriormente por la Junta Militar y el equipo asesor de Augusto Pinochet a solo un año de inhabilidad, la mayoría de los integrantes del grupo de juristas coincidió con Guzmán en que la norma constitucional debiera propender a «desligar completamente la influencia de aquellos cargos en su eventual utilización para fines electorales».
Los partidarios de esta nueva reforma política sostienen que el objetivo es darle más competitividad al sistema político, con una «competencia total» entre distintas figuras públicas. No obstante, existe el riesgo de que el proyecto sea aprovechado por ciertas autoridades para aferrarse al poder rotando en distintos cargos. El diputado Luis Sánchez (republicano), integrante de la Comisión de Constitución, fue crítico: «A mí no me atraen mucho esas conversaciones respecto de sillitas musicales y cómo le cuidamos la pega a uno u otro. Tenemos hartos temas bastante relevantes que estar viendo acá en el Congreso en materia de responsabilidad criminal, en materia de volver a generar empleo. Y esas discusiones, donde se pretenden usar tiempo del Congreso para cuidarle las pegas a unos o a otros, a mí, por lo menos, no me atraen».
Apoyos con cautela y el debate por los plazos de inhabilidad
El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, reaccionó con cautela ante el avance de esta reforma. «Estos son proyectos que hay que estudiarlos con detención y, por lo tanto, como bancada, cuando sea el minuto, los vamos a revisar y nos podremos formar una opinión acabada del tema», señaló. En tanto, la diputada integrante de la Comisión de Constitución, Constanza Hube (UDI), quien ha sido parte de las conversaciones, cree que es clave que exista un equilibrio al fijar un plazo de inhabilidad. «A mí me parece bien que haya mucha competencia, que se abra la cancha al máximo, pero el tema es cuánto se puede llegar a utilizar el cargo para hacer campaña previa. Hay que analizarlo con más profundidad. Un año puede ser de repente un exceso, pero seis meses puede ser también poco», afirmó. Además, se mostró partidaria de que el límite a la reelección no se aplique de forma tan tajante en la medida que una autoridad se cambia de comuna o distrito.
La discusión de esta reforma política se da en un contexto de alta fragmentación parlamentaria y de cuestionamientos a la clase política por parte de la ciudadanía. Sus efectos podrían ser significativos en regiones como Atacama, donde las autoridades locales han manifestado en diversas ocasiones la necesidad de mayor flexibilidad para competir por escaños parlamentarios. Sin embargo, también podría profundizar la percepción de que los cargos públicos son utilizados como trampolín electoral, tal como advirtió Jaime Guzmán hace más de cuatro décadas. El debate recién comienza y se espera que en las próximas semanas se presenten indicaciones para precisar los plazos y las condiciones de la reforma.
