La promesa de generar 100 mil empleos formulada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través de los planes Chile Despega, Modo Empleo y Enadi, ha encendido el debate entre los economistas, quienes ponen bajo la lupa la duración y la calidad de esos puestos de trabajo. Si bien valoran la orientación de las medidas, advierten que su efectividad dependerá de que la economía retome una senda de crecimiento sostenido y de que las empresas encuentren razones concretas para contratar de manera permanente. La gran interrogante, coinciden los especialistas, es cuántos de esos empleos sobrevivirán una vez que concluyan las obras públicas o se agoten los incentivos estatales.
El anuncio presidencial se produce en un contexto de debilitamiento del mercado laboral chileno, marcado por altas tasas de desempleo y una creciente precariedad en la calidad de los puestos de trabajo. Frente a ello, La Moneda ha apostado por acelerar la ejecución de obras públicas ya presupuestadas, facilitar el acceso al financiamiento para las empresas y entregar subsidios directos a la contratación. Estas iniciativas buscan dinamizar la creación de empleo en el corto plazo, pero los expertos subrayan que no abordan los problemas estructurales que limitan la generación de empleo formal y duradero, como los costos de contratación y las rigideces del mercado laboral.
Chile Despega, Modo Empleo y Enadi: ¿soluciones de fondo o paliativos transitorios?
Para Felipe Cerda, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor y director de Ingeniería Comercial y del MBA, el Gobierno enfrenta dos desafíos: generar empleos de inmediato y preparar el terreno para una recuperación más sólida. No obstante, considera que los anuncios están más concentrados en lo primero. Según explica, acelerar las obras públicas y entregar incentivos a la contratación son “políticas de shock que buscan dinamizar el empleo en corto plazo”. Aunque reconoce que pueden tener resultados positivos, advierte que estas iniciativas “no corrigen los problemas de fondo de un mercado laboral debilitado”, marcado por las dificultades y los costos que enfrentan las empresas para contratar.
Cerda ejemplifica con una obra pública: puede generar cientos de puestos de trabajo durante su construcción, pero una vez terminada, esos trabajadores necesitarán encontrar nuevas oportunidades. Por eso, considera que todavía es prematuro asegurar que las medidas permitirán fortalecer el empleo de manera sostenida. En esa línea, el economista Jorge Rodríguez, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes), detalla que parte de los anuncios consiste en acelerar gastos ya presupuestados para obras públicas, viviendas y proyectos regionales, a lo que se suman $91 mil millones para subsidios al empleo y la capitalización del Fogape. Sin embargo, advierte que “es difícil anticipar la magnitud de sus efectos en el empleo agregado”, porque algunas vacantes podrían ser ocupadas por trabajadores que ya tienen empleo y buscan mejores remuneraciones.
Rodríguez también señala que facilitar créditos no garantiza nuevas contrataciones, ya que el resultado dependerá de que el financiamiento llegue a negocios que realmente necesitan ese apoyo para crecer o mantener sus dotaciones. Sobre los incentivos a la contratación, sostiene que “la efectividad de los subsidios al empleo, por su parte, depende críticamente de su diseño”, considerando que la experiencia internacional muestra resultados diversos. Ambos expertos coinciden en que se requieren reformas laborales para impulsar el empleo formal a largo plazo, de modo que las empresas puedan contratar con mayor flexibilidad y menores costos, sin sacrificar los derechos de los trabajadores.
Impacto en la Región de Atacama y la Provincia del Huasco
En regiones como Atacama, y particularmente en la Provincia del Huasco, la promesa de nuevos empleos es recibida con expectativa, pero también con cautela. La zona ha enfrentado en los últimos años una compleja situación laboral derivada de la crisis hídrica, el cierre de faenas mineras y la disminución de la inversión en sectores como la construcción y la agricultura. Los planes anunciados podrían significar un alivio transitorio para comunas como Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, especialmente si se aceleran obras públicas emblemáticas y se entregan subsidios a las pequeñas y medianas empresas locales. No obstante, los especialistas advierten que, sin una recuperación sostenida de la demanda interna y de la inversión privada, será difícil que las compañías contraten de forma duradera, lo que dejaría a muchos trabajadores con empleos de corta duración.
El Gobierno ha defendido sus planes argumentando que buscan reactivar el mercado laboral y sentar las bases para un crecimiento inclusivo. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad de las autoridades para monitorear y ajustar los incentivos. Los economistas consultados insisten en que se requiere una estrategia integral que combine estímulos de corto plazo con reformas estructurales que promuevan la inversión, la productividad y la formalización del empleo. Mientras tanto, la pregunta sobre cuántos de los 100 mil empleos prometidos serán permanentes sigue sin una respuesta clara, y los trabajadores de regiones como Atacama observan con atención si las cifras se traducen en oportunidades reales y duraderas.
