La Corte Suprema ratificó esta semana la orden de demolición de la denominada ‘Toma VIP’ del lago Villarrica, en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía, un asentamiento de viviendas sin permisos legales ubicado en el humedal protegido del delta del río Trancura. La decisión del máximo tribunal pone fin a un largo conflicto judicial y ambiental, y deja al descubierto las insólitas tácticas que los propietarios habrían utilizado para evitar la fiscalización, entre ellas colocar ruedas a las construcciones para simular que se trataba de casas rodantes autorizadas.
El caso se remonta a años de denuncias por parte de organizaciones ambientales y de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón, que advirtieron la existencia de edificaciones en una zona de humedal, ecosistema frágil y sujeto a protección. Según explicó Jimena Sanhueza, integrante del Movimiento Ambiental Intercultural (MAI), la agrupación logró llevar el tema a tribunales junto a la DOM. La denominación ‘Toma VIP’ alude a que los dueños ocupan la franja fiscal, aunque estos alegan que el terreno es de propiedad privada. El fallo de la Corte Suprema confirma la demolición, argumentando que las viviendas son inhabitables e irregularizables.
Ambientalista revela tretas para eludir fiscalización en la ‘Toma VIP’
En conversación con Meganoticias, Sanhueza detalló que los dueños del terreno cuentan con permiso para solo 10 sitios de casas rodantes. Sin embargo, comenzaron a construir viviendas de mayor tamaño y, para evitar ser detectados por la autoridad, les instalaban ruedas. “Cuando empezaron con las primeras (casas), eran chiquititas, pero además, como estaban en altura, les ponían ruedas emulando una casa rodante”, relató. “Tienen ingenio”, comentó entre risas, evidenciando la artimaña. Además, señaló que los propietarios han intentado revertir la declaración de humedal porque “quieren seguir construyendo”. Recordó que en 1999 se intentó edificar 1.580 departamentos en el lugar y que existen múltiples infracciones denunciadas.
La ambientalista también advirtió sobre los riesgos que implican estas construcciones. Por un lado, el peligro de inundación por lluvias y, por otro, el riesgo volcánico. “¿Quién se hace cargo de que a alguien le pase algo en caso de una erupción volcánica? El DOM tiene una responsabilidad y por eso también señala que es inhabitable e irregularizable; por ende, va la demolición”, afirmó. En cuanto al impacto ambiental, explicó que las fosas sépticas de las viviendas contaminan el lago Villarrica, cuyo plan de descontaminación ya está en curso. Asimismo, denunció que los dueños intervienen el humedal con drenajes y extracción de áridos para rellenar el terreno, aunque reconoció que es complejo sorprenderlos en el acto debido a la falta de acceso al lugar.
Impacto ambiental y próximos pasos tras el fallo de la Corte Suprema
La ratificación de la demolición por parte de la Corte Suprema representa un precedente importante en la protección de humedales y zonas de riesgo en Chile. El delta del río Trancura es un ecosistema clave para la biodiversidad del lago Villarrica y se encuentra bajo protección oficial. La decisión judicial obliga a los propietarios a desmantelar las construcciones ilegales, aunque aún no se ha establecido un plazo concreto para ejecutar la medida. Se espera que la Municipalidad de Pucón, a través de la DOM, coordine las acciones para hacer efectiva la demolición, en un operativo que podría enfrentar resistencia de los ocupantes.
Organizaciones ambientales celebraron el fallo, pero advirtieron que es fundamental fiscalizar de manera permanente para evitar nuevas ocupaciones irregulares en la zona. El caso también pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia en torno al lago Villarrica, que enfrenta problemas de contaminación y presión inmobiliaria. Mientras se espera la ejecución de la demolición, la comunidad de Pucón y los grupos ecologistas mantienen la alerta ante posibles intentos de revertir la medida o de continuar con intervenciones en el humedal. La Corte Suprema ha sido clara: no se permitirá la impunidad en la ocupación de áreas protegidas.
