La ley de patentes mineras 2026 continúa generando intensos debates en el sector productivo nacional y regional, tras cumplirse los plazos de implementación de las modificaciones introducidas por la legislación chilena. La normativa, originada a partir de la Ley 21.420 promulgada en el año 2022, ha sido cuestionada por diversos actores de la industria debido a su concepción original como un mecanismo de financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU), utilizando la propiedad minera como una fuente de recaudación fiscal que hoy afecta severamente la sostenibilidad de los proyectos, especialmente en las regiones mineras del norte de Chile como Atacama y el Huasco.
En su diseño inicial, la legislación modificó sustancialmente las reglas del juego para los concesionarios al cuadruplicar el valor de la patente de explotación sin trabajos acreditados, elevando la tarifa base desde 0,1 hasta 0,4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por hectárea. Asimismo, estableció una escala progresiva por quinquenios que puede alcanzar hasta las 12 UTM por hectárea anuales, generando un escenario financiero complejo para pequeños y medianos productores mineros que sostienen la actividad en las distintas comunas del país.
El peso financiero de las patentes mineras
Para dimensionar el impacto económico de esta medida, los gremios del sector han puesto sobre la mesa cálculos detallados basados en el valor actual de la unidad tributaria. Con la UTM situada en $72.151 pesos, una pertenencia minera estándar de 100 hectáreas experimentó un salto exponencial en sus costos operativos anuales, pasando de pagar un monto aproximado de $721 mil a cerca de $2,9 millones, con una proyección de incremento que puede escalar hasta los $86,6 millones acumulados a lo largo del tiempo solo por mantener la propiedad de los terrenos.
Frente a este escenario, voces gremiales de peso nacional como Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), han manifestado su profunda preocupación por las repercusiones a largo plazo de estas políticas fiscales. Desde la perspectiva empresarial, se ha señalado con firmeza que un incremento drástico en las patentes de esta magnitud —equivalente a multiplicar por hasta 120 veces el costo en un horizonte de dos décadas— desincentiva la inversión y provoca inevitablemente que los pequeños y medianos propietarios deban renunciar a sus pertenencias mineras por la imposibilidad de asumir dichos costos fijos.
Desafíos regulatorios y proyecciones para el sector
Las consecuencias de esta normativa no solo impactan los balances financieros de las empresas, sino que también amenazan el ecosistema de la pequeña minería y la pirquinería, actividades profundamente arraigadas en la identidad económica de la Región de Atacama y la Provincia del Huasco. La pérdida de propiedades mineras por abandono reduce el catastro productivo y frena el desarrollo de nuevos proyectos de exploración que son vitales para la renovación de los recursos metálicos en el territorio nacional.
Ante este complejo panorama, expertos y representantes del rubro insisten en la necesidad urgente de revisar los mecanismos de cálculo y establecer correcciones legislativas que distingan entre los grandes conglomerados y aquellos productores que desarrollan una minería de escala menor. Las discusiones parlamentarias y técnicas apuntan a encontrar un equilibrio fiscal que permita recaudar recursos para el Estado sin asfixiar la propiedad minera ni comprometer el futuro productivo de las regiones mineras de Chile.
