La alimentación escolar como parte integral del derecho a la educación es el eje de una reforma constitucional presentada por los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC) y Carlos Carvajal (IND-PPD). La iniciativa busca establecer como una obligación permanente del Estado garantizar una alimentación saludable, suficiente y adecuada para los estudiantes de educación parvularia, básica y media, reconociendo su importancia para el aprendizaje, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades, especialmente para aquellos que provienen de hogares de menores ingresos. La presentación se produce en un contexto de incertidumbre por la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la discusión de la Ley de Presupuesto.
El proyecto de reforma constitucional surge ante la preocupación de los parlamentarios por la posible interrupción de políticas públicas de larga data como el PAE, que en Chile lleva décadas permitiendo que jóvenes de todos los estratos sociales accedan a una alimentación adecuada al interior de las comunidades educativas. Los diputados argumentan que la alimentación no solo es un derecho básico, sino que también incide directamente en el desarrollo cognitivo y en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. La propuesta busca elevar a rango constitucional esta garantía, de modo que no dependa de la voluntad del gobierno de turno ni de decisiones presupuestarias coyunturales.
Alimentación escolar: un derecho que debe trascender los gobiernos
El diputado Juan Santana (PS) explicó que la reforma apunta a establecer por norma constitucional, más allá de cualquier tipo de gobierno, que el Estado chileno respete este derecho indispensable para todos los jóvenes del país. «Hoy día cuando se está discutiendo la Ley de Presupuesto y cuando se ha puesto en vela la continuidad de políticas públicas tan importantes como el Programa de Alimentación Escolar, que en nuestro país lleva décadas permitiendo que jóvenes de todos los estratos sociales puedan acceder a una alimentación como corresponde al interior de las comunidades educativas, entendiendo de que la alimentación también es parte del desarrollo cognitivo de las y los estudiantes de nuestro país», señaló el parlamentario. Además, destacó que esta semana se conmemora el Día de la Manipuladora de Alimento, instancia para relevar la labor de las trabajadoras que cumplen esta función en jardines, escuelas y liceos a lo largo de Chile.
Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) enfatizó la urgencia de la medida con una serie de interrogantes: «¿Cuántos niños llegan al colegio sin desayuno? ¿Cuántos niños llegan sin una buena alimentación? Estamos hablando de un derecho básico, fundamental. ¿Qué es más importante que la alimentación? Nada». Cuello criticó que en el actual gobierno se haya puesto en duda la continuidad de este programa, generando incertidumbre en torno a algo tan elemental para los estudiantes. «Y por eso es que esta reforma es muy importante, porque va a establecer un mandato al legislador, un mandato constitucional que no va a poder ser revocado, que no va a depender de que llegue en el futuro, ojalá que no, otro Gobierno de estas características, que tenga esa visión tan, tan poco humana, tan poco aterrizada con la realidad», agregó.
El diputado Carlos Carvajal (IND-PPD), profesor de educación física, aportó su experiencia en aulas y canchas: «he visto en salas y canchas estas lamentables deficiencias, donde a nuestros niños se les exige rendimiento, pero no cuentan con todas las condiciones. Es por eso que no podemos garantizar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades si a nuestros estudiantes no se les garantiza una alimentación suficiente y saludable para el desarrollo de su actividad». Carvajal subrayó que la reforma busca que la alimentación adecuada no sea voluntad del gobierno de turno y calificó la medida como «una inversión social y educativa para el futuro de nuestro país, que son nuestros niños».
La presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadoras del Programa de Alimentación Escolar (Confetrap), Giselle Valenzuela, respaldó la iniciativa: «Cualquier instancia en la que seamos invitadas a apoyar la continuidad y los derechos de la alimentación escolar, estaremos presentes para apoyar cualquier impulso que sea y más aún aquí, apoyando a esta instancia y esta buena idea de querer legislar, resguardar la alimentación escolar de los niños, niñas, jóvenes de nuestro país».
Proyecciones: un plazo de doce meses para legislar sobre la alimentación escolar
El proyecto contempla que el Ejecutivo presente, dentro de un plazo de doce meses desde la publicación de la reforma, un proyecto de ley que regule las condiciones de acceso, continuidad, calidad nutricional, cobertura y fiscalización del servicio, resguardando que su implementación no interrumpa los programas de alimentación escolar actualmente en funcionamiento. De esta manera, se busca otorgar un marco normativo claro y permanente que asegure la entrega del servicio sin contratiempos.
La iniciativa deberá ahora iniciar su tramitación legislativa, donde requerirá de quórums especiales por tratarse de una reforma constitucional. Los diputados impulsores han llamado a respaldar la propuesta transversalmente, argumentando que la alimentación escolar es una condición habilitante para el ejercicio efectivo del derecho a la educación y un factor clave para la equidad. En un escenario de discusión presupuestaria, la reforma busca blindar el Programa de Alimentación Escolar y garantizar que ningún estudiante vea afectada su nutrición y, por ende, su proceso de aprendizaje.
