Tras más de cinco años de exhaustiva investigación judicial, se concretó finalmente la formalización de médicos investigados por su presunta responsabilidad en la lamentable muerte de Dante Munizaga, un menor cuyo fallecimiento dio origen a una causa judicial que busca esclarecer las circunstancias de su deceso en la Región de Atacama. Durante la audiencia desarrollada en el tribunal competente, se comunicaron formalmente los cargos a los imputados, marcando un hito procesal largamente esperado por la familia afectada, quienes han exigido justicia de manera incansable desde que ocurrieron los hechos que conmocionaron a la comunidad regional.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el desarrollo de la audiencia, la causa judicial contempla diversas aristas relativas a la atención sanitaria que recibió el niño en distintos recintos asistenciales. El caso se remonta a la atención inicial brindada en la vecina ciudad de La Serena, donde el menor habría presentado una descompensación asociada a un cuadro de salmonela que, según la hipótesis que sostiene la parte querellante, no habría sido diagnosticada ni abordada oportunamente por el cuerpo médico tratante, desencadenando una serie de complicaciones posteriores en su delicado estado de salud.
Cronología de la atención médica y cuestionamientos clínicos
Posteriormente a su paso por el centro asistencial serenense, Dante habría recibido el alta médica; sin embargo, su condición física decayó severamente al poco tiempo, obligando a un nuevo y urgente traslado hasta el Hospital Regional de Copiapó. En este último recinto de alta complejidad de la Región de Atacama, los peritajes y la investigación penal también apuntan directamente hacia un procedimiento específico relacionado con la instalación de un catéter venoso central. La parte querellante argumenta que dicha intervención habría presentado graves complicaciones técnicas y provocado lesiones que incidieron de manera directa en el acelerado deterioro de la condición general del menor.
En el marco de las diligencias procesales de la audiencia, las defensas de los profesionales imputados manifestaron reparos y cuestionaron la medida cautelar de arraigo nacional decretada por el tribunal. Asimismo, se confirmó que quedó pendiente para el transcurso del mes de noviembre una nueva audiencia fijada para analizar una solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por los abogados defensores. Paralelamente, trascendió la situación de una de las médicas investigadas quien presuntamente no habría sido ubicada para comparecer ante la justicia, manteniéndose sobre ella una orden de detención pendiente que deberá ser corroborada oficialmente por las instituciones policiales.
Proyecciones judiciales y clamor de justicia familiar
Con el plazo judicial de investigación fijado oficialmente en seis meses, el Ministerio Público dispondrá de este periodo para continuar reuniendo nuevos antecedentes, peritajes científicos y testimonios que permitan determinar con rigurosidad si existen los elementos de convicción suficientes para avanzar hacia una acusación formal en contra de los profesionales de la salud involucrados en la causa.
Una vez concluida la audiencia, el padre de Dante valoró con cautela los avances judiciales logrados pese al extenso periodo transcurrido desde el fallecimiento de su hijo. En declaraciones públicas, manifestó su profunda esperanza de que el proceso permita esclarecer la verdad de los hechos y establecer responsabilidades penales. «Como familia, estamos conformes con los avances que hemos tenido, a pesar del tiempo que ha pasado y de que estamos buscando justicia para aclarar el tema de que, por un error cometido, se produjo la muerte de mi hijo», expresó con evidente emoción, añadiendo su anhelo de que este precedente judicial contribuya decididamente a que ninguna otra familia en Chile deba enfrentar un calvario similar.
