El País Chile publicó el 27 de octubre de 2026 un reportaje de larga duración sobre uno de los negocios más rentables y más controvertidos del comercio marítimo global: el desguace de barcos de pesca ilegal en las playas de Bangladés. Según el artículo, cadenas criminales organizadas operan una red que desmantela barcos capturados por la flota pesquera clandestina, despojándolos de su maquinaria, anclas y otros componentes valiosos antes de que estos lleguen a puertos legales para su revisión técnica. Esta práctica genera ganancias multimillonarias para las mafias, pero los pescadores artesanales locales deBangladés quedan sin los recursos que deberían derivarse de la pesca legal.
El reportaje, firmado por el periodista español Jesús María Oliva, revela que el desguace se concentra en playas costeras de varias provincias del este de ese país, donde pescadores y pequeños armadores locales han denunciado durante años la presencia de barcos no tripulados que arrastran oceánicos hacia la costa para proceder a su desmantelamiento. Estas zonas coinciden con territorios de pequeña dimensión económica y social, donde la informalidad laboral y la falta de instituciones robustas permiten que redes criminales operen con relativa impunidad. Las autoridades bangladesíes han intentado regularizar el sector en varias ocasiones sin éxito, y la cooperación internacional con organismos como la FAO y la OSCE ha fracasado en gran medida al no conseguir frenar la extracción ilegal de componentes navales.
¿Cómo funciona el circuito del crimen?
Según el artículo, el proceso comienza cuando la flota clandestina intercepta barcos de pesca de menor calado que operan fuera de las zonas reguladas. Los barcos capturados son arrastrados hasta playas clandestinas donde son abiertos, despojados de sus motores, anclas, máquinas de refrigeración y otros elementos tecnológicos de alta valorización. Los pescadores locales, que históricamente dependían de estas embarcaciones para su subsistencia, se ven obligados a comprar componentes de segunda mano a precios inflados o a abandonar la actividad pesquera. El periodista describe que las ganancias del desguace se reparten entre unos pocos intermediarios criminales y no entre la comunidad pesquera, lo que genera un ciclo de empobrecimiento que afecta directamente a familias rurales y comunidades costeras.
Oliva también describe las condiciones de trabajo en las instalaciones clandestinas, donde los desguaceadores —la mayoría de ellos pescadores locales con poca formación técnica— operan sin seguridad laboral ni normativas de higiene. La ausencia de regulación laboral y ambiental permite que las sustancias tóxicas liberadas durante el desmantelamiento de los barcos contaminen el suelo y el agua de la bahía, generando riesgos para la salud de las comunidades cercanas. El reportaje destaca que las organizaciones internacionales de control pesquero han advertido repetidamente sobre esta problemática sin que las autoridades bangladesíes hayas implementado medidas efectivas de fiscalización.
Perspectivas de cambio y alertas institucionales
El artículo señala que el gobierno de Bangladés reconoce el problema en sus planes de desarrollo nacional, pero los fondos asignados para la modernización de la flota pesquera y la creación de puertos seguros han sido insuficientes. La Unión Nacional de Pescadores de Bangladés ha expresado su indignación ante la falta de inversión pública en infraestructura pesquera, argumentando que el desguace ilegal representa una amenaza directa para la economía local y la seguridad alimentaria. A nivel regional, la Alianza Internacional para el Control de la Pesca Ilegal ha llamado a una cooperación más estricta entre gobiernos y organizaciones internacionales para combatir el crimen organizado que opera en el sector.
Para el medio de comunicación regional chileno Enfoque Digital, este reportaje representa un caso paradigmático de cómo el crimen organizado explota las vulnerabilidades territoriales de economías en desarrollo. El artículo urge a las autoridades chilenas, especialmente las que operan en la Región de Atacama donde se concentra una importante flota pesquera artesanal, a monitorear de forma activa las rutas de interceptación de barcos ilegales y a exigir transparencia en las operaciones de descarga y revisión de embarcaciones en puertos costeros. La cobertura periodística de El País Chile sobre este tema ilumina la necesidad de una mirada crítica hacia las dinámicas criminales que operan en el comercio marítimo global y su impacto directo en las comunidades pesqueras de pequeña escala.
