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La ex Fuente Lastarria, antiguo establecimiento educacional que operó durante décadas en el sector oriental de la Región de Atacama, fue cerrada definitivamente sin que sus trabajadores obtuvieran las liquidaciones judiciales correspondientes, dejando a cientos de empleados en una situación de precariedad laboral sin precedentes.
Según reportes periodísticos, el cierre de este centro de enseñanza —que funcionó durante años en el sector oriental de la comuna de Huasco— implicó el despido masivo de personal que previamente desarrollaba labores docentes y administrativas en un entorno educativo regional.
Un cierre sin cierre: el patrón de precarización laboral
La magnitud del problema supera con creces lo habitual en procesos de desinversión institucional, ya que los trabajadores afectados se encuentran en una condición delicada al carecer de los instrumentos legales necesarios para formalizar su salida laboral de manera digna. Esta circunstancia genera interrogantes sobre las condiciones de implementación del cierre y la gestión administrativa del antiguo establecimiento.
Los afectados —principalmente docentes y personal administrativo vinculado a la educación básica— se han acudido a los canales judiciales correspondientes en busca de una resolución satisfactoria, pero las pocas audiencias celebradas han dejado en evidencia la falta de una respuesta clara y oportuna desde los organismos responsables de la gestión educativa regional.
Impacto en la comunidad y las expectativas de solución
El impacto en la comunidad de Huasco y las zonas aledañas es significativo, ya que la pérdida de empleos directos e indirectos afecta a familias que dependen de la actividad educativa como fuente de sustento. A su vez, la comunidad regional observa con preocupación la ausencia de una política pública de rescate laboral para los trabajadores precarizados de esta y otras instituciones educativas similares.
Para los afectados, la principal reivindicación pasa por la obtención de los respectivos finiquitos —documentos que acreditan el despido y liquidan los adeudos salariales pendientes—, sin los cuales no pueden acceder a mecanismos de recolocación ni a programas de reinserción laboral estatal. Este vacío legal genera un círculo vicioso en el que los trabajadores quedan estancados en su precariedad sin posibilidad de avanzar hacia una situación laboral estable.
