La Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Oriente, materializaron 15 detenciones en procedimientos realizados en las regiones Metropolitana y de La Araucanía, permitiendo desarticular una organización dedicada a la retransmisión ilegal de señales de televisión a través de plataformas de IPTV.
De acuerdo a la investigación, la organización comercializaba suscripciones para el acceso a señales televisivas mediante plataformas de IPTV, las que operan en el mercado chileno desde hace años sin los permisos correspondientes de las emisoras. Durante el proceso investigativo, se analizaron más de 150 cuentas bancarias, lo que permitió establecer que ingresaron allí más de 4 mil millones de pesos por concepto de suscripciones.
Operativos en dos regiones y antecedentes institucionales
Los procedimientos se ejecutaron en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en la calle General Mackenna de Santiago, donde autoridades darán a conocer detalles de la indagatoria esta tarde. El trabajo de campo fue liderado por la Bridepi y la Brilac, dos de los cuerpos de crimen organizado más activos en el combate del lavado de activos y delitos contra la propiedad intelectual en Chile. Esta operación se suma a una serie de acciones regulatorias encaminadas a combatir la proliferación de plataformas de televisión ilegal en el país.
En enero de este año, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital expuso ante el Congreso, arremetiendo contra la expansión de este tipo de servicios sin autorización. En febrero, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ofició a los distintos proveedores de servicios de internet para bloquear el acceso a Magis TV y todas sus versiones, incluyendo Flujo TV y Xuper TV, plataformas ilegales de IPTV que retransmiten canales de TV en vivo, películas, radios y series sin los derechos de distribución, licencias o permisos de sus titulares.
En abril se realizaron allanamientos en tres locales comerciales del barrio Meiggs, en Santiago, así como domicilios en Ñuñoa, La Granja y Quinta Normal, por la comercialización de decodificadores para estos servicios. Estas diligencias forman parte de una estrategia sostenida del Ministerio del Interior y de la PDI para erradicar el comercio clandestino de contenidos audiovisuales en el territorio nacional.
Impacto en el mercado audiovisual y proyecciones futuras
El resultado de esta investigación revela la magnitud del negocio ilícito: más de 4 mil millones de pesos en ingresos solo por suscripciones, lo que representa un claro impacto en la economía formal del sector de las telecomunicaciones y en la competencia leal con las empresas de cable y streaming legalmente autorizadas. Este tipo de organizaciones no solo genera ganancias millonarias para sus integrantes, sino que también perjudica a los broadcasters, productoras y distribuidoras que invierten en contenido original y derechos de autor.
Para las próximas semanas, se esperan nuevas diligencias de persecución y allanamientos en distintas jurisdicciones del país, dado que la investigación aún está en curso. Las autoridades han dejado en claro que continuarán endureciendo las medidas de persecución contra las plataformas de IPTV ilegal y los proveedores de decodificadores sin autorización, buscando no solo castigar a los responsables sino también desincentivar la reproducción de este modelo criminal en el mercado audiovisual chileno.
