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La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó la sentencia de primera instancia que ordena a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) pagar una indemnización a tres directoras de jardines infantiles de la comuna de Freirina, en la Provincia del Huasco, quienes fueron despedidas después de denunciar irregularidades administrativas al interior de sus establecimientos. El fallo del tribunal de alzada, conocido este lunes, ratifica en todas sus partes la resolución que había acogido la demanda de las educadoras, quienes alegaron que su desvinculación fue una represalia por haber alertado sobre manejos irregulares en la gestión de los recintos.
El caso se remonta a los años posteriores a la denuncia, cuando las tres directoras —cuyos nombres no fueron revelados en el comunicado judicial— presentaron ante la JUNJI y la Contraloría General de la República una serie de antecedentes sobre presuntas anomalías en la administración de los jardines infantiles que dirigían. Según los registros del proceso, las irregularidades incluían desde faltantes de materiales y problemas en la rendición de gastos hasta eventuales conflictos de interés en la asignación de contratos. Tras insistir en las denuncias, las profesionales fueron notificadas de sus despidos, lo que motivó la acción legal por despido injustificado y represalia.
El fallo judicial y la protección a denunciantes en Freirina
La Corte de Apelaciones de Copiapó, al confirmar el fallo, validó los argumentos de la defensa de las directoras, quienes sostuvieron que su desvinculación constituyó una vulneración a la garantía de indemnidad, es decir, el derecho de los trabajadores a no ser sancionados por ejercer acciones legales o denuncias contra su empleador. El tribunal acogió la tesis de que las desvinculaciones se produjeron como consecuencia directa de las denuncias presentadas, y no por razones de índole administrativa o presupuestaria como argumentó la JUNJI en su momento.
Consultada por el fallo, una fuente vinculada al proceso señaló que «esta resolución es un espaldarazo para todas las funcionarias que se atreven a denunciar irregularidades y que muchas veces son objeto de represalias. La justicia ha reconocido que su actuar fue valiente y que no puede ser castigado con el despido». Asimismo, desde el gremio de educadoras de párvulos de la región se valoró la decisión, aunque se insistió en la necesidad de que la JUNJI adopte protocolos internos para proteger a quienes denuncian.
Impacto en la comunidad de Freirina y proyecciones del caso
La confirmación de la sentencia no solo implica el pago de las indemnizaciones correspondientes, sino que también sienta un precedente relevante para la protección de denunciantes en el ámbito de la educación parvularia. En Freirina, comuna de tradición agrícola y minera, la comunidad educativa ha seguido con atención el caso, que expuso tensiones entre las directoras de los jardines y las autoridades locales de la JUNJI. Padres y apoderados de los establecimientos afectados manifestaron su respaldo a las educadoras despedidas, destacando su compromiso con la calidad de la educación y la transparencia.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó pone fin a un largo proceso judicial que se extendió por varios años, y deja en evidencia la importancia de que los organismos públicos cuenten con mecanismos efectivos de denuncia y protección. Se espera que la JUNJI acate la sentencia y proceda al pago de las indemnizaciones en los plazos establecidos por la justicia, mientras que las directoras afectadas evalúan si reiniciarán acciones para obtener otras compensaciones. El caso también podría motivar revisiones en los procedimientos internos de la institución a nivel regional, con el fin de evitar futuras represalias contra funcionarios que denuncien irregularidades.
