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El presupuesto seguridad minera recibió un aumento anunciado por el Gobierno de Chile este 17 de octubre, en una reunión del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con representantes de trabajadores, empresas y mutualidades, para responder a los 13 fallecidos en accidentes mineros registrados en lo que va de 2026.
Los siniestros, que superan las 11 víctimas fatales del 2024, han reactivado el debate sobre la insuficiencia de los recursos destinados a la prevención. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la minería aporta alrededor del 13 % del PIB nacional, por lo que su seguridad es un pilar esencial para la economía del país.
Incremento del presupuesto seguridad minera
Daniel Mas declaró que “el nuevo financiamiento permitirá ampliar la presencia de fiscalizadores en las regiones mineras y dotar a los equipos de inspección de tecnología de punta”. El ministro subrayó que la inversión se enfocará en sistemas de monitoreo remoto, drones y sensores de gases, herramientas que, según él, “reducirán significativamente los riesgos operacionales”.
Por su parte, el Sernageomin anunció el relanzamiento de las 21 reglas de seguridad minera, con énfasis en la responsabilidad empresarial. El organismo advirtió que, además del aumento de fondos, se aplicarán sanciones, multas y posibles cierres de operaciones que incumplan los estándares, con el fin de “garantizar una cultura de prevención real”.
Proyecciones e implementación del nuevo fondo
El incremento del presupuesto seguridad minera se distribuirá en los próximos meses, priorizando zonas con alta actividad como la Región de Atacama, Antofagasta y la zona sur de Chile. Se espera que la mayor cantidad de fiscalizadores esté operativa antes de fin de año, mientras que la adquisición de equipos tecnológicos se completará en el primer semestre de 2027.
Expertos del sector consideran que la medida podría reducir a la mitad los accidentes mortales en los próximos cinco años, siempre que se mantenga la disciplina en la aplicación de las normas. La comunidad minera y los sindicatos, por su parte, han recibido la decisión con cautela, solicitando una vigilancia constante del uso de los recursos y la transparencia en los procesos de inspección.
