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El presupuesto seguridad minera recibió un aumento significativo anunciado por el Gobierno de Chile este lunes, con el objetivo de financiar más fiscalizadores, nueva tecnología preventiva y equipos que amplíen su despliegue territorial, tras los 13 fallecimientos registrados en la minería durante 2026.
La medida se tomó en una reunión del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto a representantes de trabajadores, empresas y mutualidades. El incremento responde a una serie de accidentes mortales que, según el Sernageomin, superan los 11 fallecidos que se registraron en 2024, y que han generado presión social y política para reforzar la normativa y la vigilancia en el sector minero, pilar exportador que aporta alrededor del 13 % del PIB nacional.
Detalle del aumento del presupuesto seguridad minera
Durante el encuentro, el director del Sernageomin, Carlos Gutiérrez, declaró que los recursos adicionales permitirán “ampliar la red de fiscalizadores en zonas críticas, incorporar drones y sensores de detección temprana, y dotar a los equipos de rescate de tecnología de última generación”. Asimismo, anunció el relanzamiento de las 21 reglas de seguridad minera, con énfasis en la responsabilidad empresarial y la aplicación de sanciones, multas e incluso cierres de faenas cuando sea necesario.
El desglose del nuevo presupuesto indica una asignación de US$ 150 millones para la contratación de 250 fiscalizadores adicionales, US$ 80 millones para la adquisición de equipos de monitoreo y US$ 45 millones destinados a programas de capacitación y simulacros de emergencia en las principales regiones mineras, entre ellas Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Proyecciones e impactos del presupuesto seguridad minera
Expertos de la Universidad de Chile estiman que la inversión podría reducir los accidentes fatales en un 30 % en los próximos tres años, siempre que se mantenga la coordinación entre el Estado, las empresas y los sindicatos. La comunidad minera de la Provincia del Huasco y la Región de Atacama, donde se concentran importantes faenas de cobre y litio, ha recibido la medida con optimismo, aunque también con la exigencia de una rápida puesta en marcha.
El Gobierno ha fijado como meta iniciar la contratación de los nuevos fiscalizadores antes de fin de año y completar la instalación de la tecnología preventiva en las principales zonas de extracción para el segundo semestre de 2027. Con este presupuesto seguridad minera, se espera no solo salvar vidas, sino también fortalecer la competitividad del sector al garantizar operaciones más seguras y sostenibles.
