La Cámara de Diputados de Chile ha dado un paso decisivo en la tramitación legislativa al aprobar, con 82 votos a favor y 41 en contra, la partida correspondiente al Presupuesto de Salud 2027. Esta instancia, fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario nacional, estuvo marcada por una profunda discusión sobre el financiamiento de tratamientos de alto costo y la sostenibilidad de la red pública. El resultado representa un avance para la administración del Presidente José Antonio Kast, aunque el proceso no estuvo exento de controversias constitucionales y enfrentamientos políticos que reflejan la polarización en torno a la gestión de los recursos fiscales.
El debate se centró en la necesidad de garantizar la cobertura para miles de pacientes que dependen de la red estatal. A pesar de los rechazos previos en otras carteras como Educación e Interior, el Ejecutivo logró articular una mayoría para salvar la partida de salud. No obstante, el contexto institucional se vio tensionado por la presentación de más de 240 indicaciones, la cifra más alta registrada en la actual discusión presupuestaria, lo que demuestra la relevancia crítica que los parlamentarios otorgan a la salud pública en el actual escenario socioeconómico del país.
Controversia constitucional por la Ley Ricarte Soto
Uno de los puntos más álgidos de la jornada fue la aprobación de una indicación presentada por el diputado Carlos Carvajal (PPD), la cual busca aumentar significativamente los recursos destinados a diagnósticos y tratamientos de la Ley Ricarte Soto. Esta medida, que contó con 70 votos a favor, generó una reacción inmediata del Gobierno. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, formuló una reserva de constitucionalidad, argumentando que el Congreso no posee facultades para aumentar el gasto público de forma autónoma, lo que traslada la disputa al Tribunal Constitucional en las próximas etapas del Presupuesto de Salud 2027.
Por otro lado, la Atención Primaria de Salud (APS) también fue protagonista del debate. Aunque el Gobierno logró aprobar los gastos variables del programa, los gremios sanitarios han manifestado su descontento. La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, criticó duramente el congelamiento del aporte per cápita, señalando que esta decisión administrativa pone en riesgo la operatividad de los consultorios y centros de salud familiar a lo largo del territorio nacional, acusando un debilitamiento sistemático de la salud pública.
Rechazo a recortes y proyecciones regionales
Durante la sesión, el Partido Republicano sufrió un revés político al intentar reducir a una cifra simbólica de $1.000 los recursos destinados al Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas. La propuesta, liderada por el diputado Benjamín Moreno, fue rechazada por una amplia mayoría de 85 votos, frenando así un intento de recorte que fue calificado como discriminatorio por diversos sectores de la oposición y organizaciones sociales. Este episodio se sumó a una serie de altercados verbales que obligaron a suspender temporalmente la sesión debido a la agresividad del lenguaje utilizado en el hemiciclo.
Finalmente, la Cámara validó disposiciones estratégicas que impactarán directamente en la infraestructura y especialización médica. Entre los puntos aprobados destacan:
- Inversión de $6.200 millones para el equipamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
- Garantía de disponibilidad de al menos una cámara hiperbárica operativa por región.
- Financiamiento para la contratación de personal especialista en el Hospital de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.
- Priorización de la continuidad de prestaciones para personas dentro del espectro autista.
Con este despacho, el proyecto avanza al Senado, donde se espera que la discusión sobre la constitucionalidad de los fondos para enfermedades de alto costo sea el eje central de la revisión legislativa.
