La protección de áreas protegidas en Chile enfrenta un desafío crítico de financiamiento, según advirtió Fundación Terram, quien alertó sobre un déficit de $21.621 millones en el presupuesto 2027 propuesto para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta cifra representa la diferencia entre lo estimado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el monto finalmente contemplado en el proyecto de ley, lo que podría comprometer la operatividad del nuevo organismo encargado de administrar los parques y reservas nacionales.
El SBAP fue creado mediante la Ley 21.600 para asumir la gestión de las áreas protegidas que actualmente administra la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El traspaso de funciones, inicialmente previsto para septiembre de 2026, fue postergado por el gobierno hasta marzo de 2027. Sin embargo, la organización ambiental sostiene que el nuevo servicio enfrenta una instalación incompleta y una dotación presupuestaria que no cubre las necesidades básicas de personal, infraestructura y fiscalización territorial, elementos vitales para la conservación de la biodiversidad del país.
Deficiencias estructurales en la transición del SBAP
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, señaló que la falta de recursos no es un fenómeno reciente, sino que «Chile tiene históricamente un déficit de financiamiento para las áreas protegidas terrestres». La ejecutiva precisó que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $22.304 millones para el SBAP, una cifra que, aunque superior a los $18.089 millones aprobados para 2026, es insuficiente frente a los $43.925 millones en recursos adicionales que la Dipres había estimado en 2022 para el año de implementación del servicio.
Entre las preocupaciones técnicas destacadas por la fundación se encuentra la incertidumbre sobre la incorporación de los 570 guardaparques contemplados en la estimación original, así como la disponibilidad de los $10.120 millones previstos para infraestructura destinada a alojar al personal en terreno. Además, se advierte que solo seis de las 16 direcciones regionales contarán con una jefatura titular, mientras que el resto operará con subrogantes, lo que debilita la capacidad de respuesta institucional ante emergencias ambientales o conflictos territoriales.
Impacto en la sostenibilidad y fiscalización ambiental
La dependencia financiera de las áreas protegidas por ingresos de operación, como la venta de entradas y concesiones, ha representado en promedio el 54,3% del financiamiento entre 2015 y 2026. Esta estructura deja a los parques expuestos a la volatilidad del turismo y a cierres por emergencias, limitando la capacidad de fiscalización activa. Teram alerta que el nuevo organismo podría heredar estas dificultades financieras, comprometiendo la efectividad de la protección de ecosistemas críticos, incluyendo la eliminación de la glosa presupuestaria para áreas marinas protegidas en el proyecto 2027.
La situación plantea un escenario de incertidumbre para la gestión ambiental nacional, donde la falta de recursos adecuados podría afectar la integridad de los ecosistemas chilenos. La comunidad científica y ambientalista espera que el Congreso Nacional evalúe con rigor estas cifras antes de la aprobación final del presupuesto, garantizando que el SBAP cuente con los medios necesarios para cumplir su mandato de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
