El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, llegaron al Ministerio de Seguridad Pública para exigir medidas urgentes en seguridad Puente Alto, tras los baleos y desórdenes registrados en el sector de Bajos de Mena que han afectado el funcionamiento de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna. La visita se realizó junto a funcionarios de salud, dirigentes y pobladores, quienes expusieron la preocupación por la continuidad de la atención y por la integridad de los equipos que trabajan diariamente en terreno. Según lo informado, ambas autoridades fueron recibidas por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y no por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, situación que marcó el inicio de la reunión y el tono de las demandas presentadas por las autoridades locales y regionales.
El contexto de la solicitud está vinculado a la situación que atraviesa Bajos de Mena, donde se han registrado personas baleadas y episodios de desorden en los recintos asistenciales, lo que ha generado un clima de inseguridad para los usuarios y para el personal sanitario. En ese escenario, el municipio ha insistido en la necesidad de reponer los puntos fijos de Carabineros en la comuna, medida que, a juicio de las autoridades comunales, permitiría una presencia permanente y disuasiva en los sectores más afectados. La demanda se inserta además en un debate más amplio sobre la distribución de los recursos policiales en la Región Metropolitana, la coordinación entre el Gobierno central, las policías y los gobiernos regionales, y la capacidad de respuesta frente a delitos violentos y a la operación de bandas en sectores urbanos densamente poblados.
Exigencias por la seguridad Puente Alto en Bajos de Mena
Durante la reunión, el alcalde Toledo insistió en que existe un compromiso del Gobierno para reponer los puntos fijos de Carabineros y cuestionó la demora en concretar esa medida. El jefe comunal sostuvo que hay responsabilidades políticas claras en la materia y que las instituciones deben cumplir el rol para el cual reciben financiamiento público. En declaraciones recogidas tras el encuentro, expresó: “Aquí hay responsabilidades políticas. Si acá nosotros tenemos un ministro de Seguridad, tenemos un presidente, tenemos una constitución, vivimos en un país que está reglado por ley. Entonces, finalmente, lo que se le pide hoy día es que hagan la pega para la cual Chile les paga”. Asimismo, cuestionó que sean los municipios quienes deban proponer las soluciones concretas en las calles y luego impulsar su implementación por parte de las autoridades centrales.
Por su parte, el gobernador Orrego señaló que se sumó a la voz de los dirigentes, los pobladores y el alcalde porque, a su juicio, el Gobierno está al debe en materia de seguridad. La autoridad regional indicó que existe una problemática asociada al enfrentamiento de bandas que deben ser desarticuladas y una situación de inseguridad que afecta directamente a quienes trabajan en el sector de la salud. En ese sentido, planteó que la colaboración entre dirigentes, el municipio de Puente Alto y la Gobernación Regional ha permitido identificar problemas de seguridad de acceso que pueden ser solucionados de manera rápida, y adelantó que la próxima semana se presentará un proyecto para abordar esas materias. Orrego precisó que la primera responsabilidad en seguridad corresponde al Ministerio, a Carabineros y a la PDI, pero que se requieren decisiones concretas sobre la asignación de efectivos.
Propuestas de reasignación policial y resguardo de centros de salud
En la misma línea, el gobernador propuso dos alternativas para reforzar la presencia en los sectores que más lo necesitan. La primera consiste en reasignar carabineros desde comunas con mayor cobertura hacia aquellas con menores recursos policiales, bajo el criterio de justicia social en la distribución. “Tenemos los carabineros y los sacamos de una comuna y los ponemos donde más se necesita, que para mí eso es justicia social. No darle a todos por igual, sino que poner más donde hay menos”, señaló. La segunda alternativa contempla destinar militares al resguardo de los centros de salud, con el objetivo de proteger la integridad de los funcionarios que, según la autoridad, ponen en riesgo su vida para salvar la salud de las personas. Ambas propuestas fueron presentadas como medidas inmediatas mientras se definen estrategias de largo plazo.
Orrego también cuestionó la diferencia de respuesta según el sector de la capital, al aseverar que si la crisis de seguridad ocurriera en una comuna del sector oriente de Santiago, el Gobierno actuaría con mayor rapidez y con todos los recursos disponibles. La declaración refleja una crítica a la equidad territorial en la asignación de seguridad y reabre el debate sobre los criterios utilizados para priorizar operativos policiales en la Región Metropolitana. Desde el municipio, en tanto, se reiteró que la reposición de los puntos fijos es una demanda sostenida y que su concreción depende de decisiones del nivel central. La reunión concluyó sin anuncios formales de nuevas medidas, pero con el compromiso de seguir trabajando en un proyecto específico para mejorar la seguridad de acceso a los Cesfam y de los funcionarios de salud.
Las próximas etapas del proceso consideran la presentación, la próxima semana, del proyecto elaborado en conjunto por dirigentes, el municipio y la Gobernación Regional para enfrentar los problemas de acceso y resguardo en los centros de salud de Bajos de Mena. Ese documento buscará traducir las propuestas discutidas en el Ministerio de Seguridad Pública en acciones concretas, con definiciones sobre personal, financiamiento y coordinación interinstitucional. Para los funcionarios de salud, la expectativa es que las medidas permitan garantizar la continuidad de la atención en un contexto de violencia y desórdenes, mientras que para los vecinos la demanda apunta a recuperar la sensación de seguridad en los espacios públicos y en los recintos asistenciales de la comuna.
La visita al Ministerio de Seguridad Pública se suma a una serie de gestiones realizadas por autoridades comunales y regionales para visibilizar la situación de Bajos de Mena y presionar por respuestas concretas del Gobierno. Aunque las autoridades fueron recibidas por el delegado presidencial y no por el ministro, el encuentro dejó instaladas las propuestas de reasignación policial y de resguardo militar de los Cesfam, además de la exigencia de reponer los puntos fijos de Carabineros. En los próximos días se espera conocer los avances del proyecto anunciado y las definiciones que adopte el nivel central frente a las demandas planteadas por Puente Alto y la Región Metropolitana.
