Las senadoras de Renovación Nacional Camila Flores y Paulina Núñez presentaron un proyecto de ley que busca regular la contratación y el pago camioneros 30 días como plazo máximo, en medio de la movilización que mantienen transportistas de carga en San Antonio. La iniciativa, que modifica el Código de Comercio, establece que la tarifa por kilómetro deberá acordarse antes de cada viaje, que los peajes se paguen por separado y que se compense el tiempo de espera que exceda las dos horas, con el objetivo de entregar reglas claras a los pequeños camioneros y evitar que deban financiar con recursos propios los costos de operación mientras esperan el pago de los fletes por parte de las empresas generadoras de carga.
El proyecto surge tras la movilización iniciada el pasado 28 de octubre en San Antonio, comuna de la Región de Valparaíso que concentra una de las principales puertas de entrada y salida de contenedores del país. La paralización ha mantenido bloqueados depósitos de contenedores debido a la falta de acuerdo con las empresas generadoras de carga, situación que ha generado preocupación por el impacto en la cadena logística, el abastecimiento y la actividad portuaria. Entre las principales demandas de los transportistas figuran las bajas tarifas de los fletes frente al aumento del precio del diésel y los costos operacionales, además de los cobros de TAG en la Ruta 78, eje vial fundamental para el traslado de carga hacia y desde el interior del país.
Tarifas acordadas y pago camioneros 30 días
Al presentar la iniciativa, la senadora Camila Flores, quien preside la Comisión de Transportes del Senado, sostuvo que lo que está ocurriendo en San Antonio no puede seguir repitiéndose. La parlamentaria señaló que los pequeños camioneros no pueden financiar de su bolsillo el combustible y los peajes para después tener que rogar que les paguen, y aseguró que el proyecto podría contribuir a una salida del conflicto y evitar nuevas paralizaciones, al establecer reglas claras sobre los montos que recibirán los transportistas y los plazos para concretar los pagos. Por su parte, la senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado, planteó que Chile necesita que la carga llegue a tiempo y que el pequeño camionero necesita que le paguen a tiempo, al considerar que son dos caras del mismo problema, y que quien adelanta de su bolsillo el diésel y los peajes tiene derecho a saber cuánto va a cobrar antes de salir.
La propuesta establece que la tarifa por kilómetro deberá quedar acordada antes del inicio de cada servicio, incluso cuando el precio del transporte se pacte por viaje o por tonelada. También contempla que los peajes se paguen por separado, salvo que exista un acuerdo expreso entre las partes, y que se compense el tiempo de espera con un pago de 0,5 UF por cada hora que exceda las dos primeras, siempre que la demora sea atribuible al cliente o al recinto designado por este, con un límite de 10 UF por cada período de 24 horas. Además, la iniciativa busca garantizar que los pequeños transportistas reciban sus pagos dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la recepción de la factura, y establece que el pago no podrá quedar condicionado a que un intermediario haya recibido previamente el dinero de su propio cliente, con el fin de evitar que los transportistas asuman los costos financieros de los servicios mientras esperan que las empresas concreten los pagos.
Convocatoria a gremios y salida al conflicto
En su intervención, la presidenta del Senado agregó que la responsabilidad de quienes conducen instituciones es actuar antes de que una demanda termine en una crisis, y convocó desde la Presidencia del Senado a los gremios del transporte, a las empresas que contratan los fletes y al Gobierno a avanzar en una solución. La parlamentaria sostuvo que la regulación propuesta apunta a equilibrar las relaciones entre generadores de carga, intermediarios y transportistas, entregando certeza jurídica tanto para quien contrata el servicio como para quien lo ejecuta, y reduciendo los espacios de conflicto que derivan de acuerdos informales o de condiciones impuestas después de realizado el viaje.
La iniciativa deberá seguir su tramitación legislativa en el Congreso, instancia en la que se espera que participen los actores involucrados en el transporte de carga y en la actividad portuaria de San Antonio. De aprobarse, las normas propuestas implicarían un cambio en las prácticas habituales de contratación de fletes, con énfasis en la transparencia de las tarifas, el reconocimiento de los costos operacionales y el respeto por los tiempos de espera en recintos de carga y descarga. Para los pequeños transportistas, la propuesta representa una respuesta a demandas que se han reiterado en distintas movilizaciones, mientras que para las empresas generadoras de carga y los intermediarios significaría adecuar sus procesos de pago y contratación a un marco legal que busca prevenir nuevas paralizaciones y asegurar la continuidad de un servicio estratégico para la economía nacional.
