La Comisión Política de la UDI respaldó por unanimidad al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y frenó los intentos de impulsar una acusación constitucional en su contra tras la polémica generada por los 56 decretos que rebajaron condenas a agresores sexuales de menores. Durante una reunión de emergencia celebrada este miércoles, la colectividad gremialista emitió una dura declaración pública en la que arremetió con dureza contra los partidos del Socialismo Democrático, a los que acusó de actuar como «vagones de cola» de la extrema izquierda en medio del debate legislativo nacional.
Este escenario político se produce luego de que se destapara la crisis institucional originada por la concesión de beneficios carcelarios a responsables de delitos graves, una controversia que ha puesto bajo escrutinio al Ministerio de Justicia y que generó profundas divisiones al interior del propio bloque oficialista encabezado por el presidente José Antonio Kast. Ante la presión parlamentaria y las dudas surgidas en reuniones privadas sobre la continuidad del secretario de Estado, la directiva del partido optó por cerrar filas de manera institucional para blindar a la autoridad de gobierno.
Defensa jurídica y rechazo al libelo opositor
Desde la perspectiva de la Comisión Política de la UDI, no existen argumentos jurídicos válidos que justifiquen la presentación de un libelo acusatorio en el Congreso Nacional. En el documento oficial emitido por la tienda política, se sostuvo de manera categórica que «no existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la dictación de los decretos que concedieron 56 rebajas de condenas», desestimando así la ofensiva impulsada desde los sectores opositores.
Asimismo, la colectividad cuestionó con severidad las motivaciones detrás de la acción parlamentaria, apuntando directamente contra la oposición y sus aliados políticos. El gremialismo calificó la maniobra como una de las actuaciones más «mezquinas y deplorables» de la política nacional, acusando a los sectores impulsores de instrumentalizar el dolor de las víctimas de delitos sexuales con el único propósito de infligir un daño político directo a la administración del presidente Kast.
Tensiones internas y futuro político del gabinete
El respaldo institucional de la cúpula partidaria contrasta de manera evidente con las diferencias y reparos manifestados por diversos parlamentarios de las bancadas oficialistas. Fuentes legislativas revelaron que durante un encuentro político informal en la zona de Concón, cerca de la mitad de los diputados de la tienda no habían comprometido un rechazo absoluto al libelo, mientras que algunos legisladores plantearon que la salida del ministro Rabat podría funcionar como una medida necesaria para descomprimir la aguda crisis institucional.
De este modo, mientras la directiva nacional busca consolidar la estabilidad del gabinete frente a la ofensiva opositora, las discrepancias internas reflejan el delicado equilibrio que enfrenta el oficialismo en el Parlamento. Las próximas semanas serán decisivas para medir el impacto real de esta controversia en la agenda legislativa y en la continuidad de las autoridades cuestionadas dentro del Ministerio de Justicia.
