El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales y condenó a la Municipalidad de Santiago a pagar cerca de $15 millones a una periodista que se desempeñó en la Dirección de Educación Municipal (DEM) y cuyo despido fue calificado como discriminatorio por fundarse en su militancia política en el Frente Amplio. La sentencia, dada a conocer este lunes, establece que la desvinculación vulneró garantías constitucionales y ordena una serie de indemnizaciones y prestaciones adeudadas.
El caso se remonta a noviembre de 2022, cuando la profesional ingresó como periodista a la DEM, dependiente del municipio capitalino. Su relación laboral se extendió hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en que fue despedida bajo la causal de “necesidades de la empresa”, pese a contar con un contrato de carácter indefinido. La demandante sostuvo que su salida se produjo en un contexto de persecución política, luego de que el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunciara durante su campaña electoral —a través de un video en Instagram— que “sacaría” a todos los funcionarios contratados durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler, a quienes vinculó con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
El fallo que acredita la discriminación por militancia en el Frente Amplio
En su libelo, la exfuncionaria —quien además fue candidata a concejala por el Frente Amplio en San Miguel en las elecciones municipales de octubre de 2024— señaló que su despido obedeció a haber sido contratada en la gestión de Hassler, a su militancia política, a su participación en la campaña de reelección de la exjefa comunal y a su opinión política. El tribunal acogió esta tesis y declaró que la desvinculación “fue discriminatoria por fundarse en su militancia política”. La resolución también hace referencia a que la periodista recibió la carta de despido en enero de 2025, mientras se encontraba con licencia médica, lo que refuerza el carácter arbitrario de la medida.
La sentencia condenó al municipio al pago de diversas indemnizaciones: $8.452.806 por seis remuneraciones (recargo por vulneración de derechos fundamentales), $1.408.801 por la sustituiva del aviso previo, $2.817.602 por años de servicio y $845.281 por el recargo legal del artículo 168 del Código del Trabajo. Asimismo, se acogió parcialmente la acción de cobro de prestaciones, ordenando pagar $92.042 por feriado proporcional, $375.680 por feriado pendiente y $234.800 por días inhábiles, además de las costas procesales reguladas en $1.000.000. El monto total asciende a aproximadamente $15 millones.
Municipio anuncia recurso de nulidad y defiende su actuación
Consultada por la prensa, la Municipalidad de Santiago anunció que ejercerá todos los recursos procesales vigentes para impugnar el fallo de primera instancia. “Deducirá un recurso de nulidad laboral ante la Corte de Apelaciones, a fin de que los tribunales superiores de justicia revisen dicha resolución judicial impugnada conforme a derecho”, señaló la entidad edilicia en un comunicado. El municipio recalcó que se trata de una sentencia que no está firme ni ejecutoriada y que “proceden los recursos procesales establecidos en la legislación vigente”.
“La Municipalidad tiene la convicción de que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico y ejercerá su defensa judicial sobre la base de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que sustentan su posición institucional”, concluyó el comunicado. La defensa municipal sostiene que el despido se enmarcó en la causal legal de necesidades de la empresa y que no existió motivación política, por lo que espera que la Corte de Apelaciones revise el fallo.
Impacto en la comunidad y proyecciones del caso
El fallo adquiere relevancia en el debate sobre la probidad y la estabilidad laboral en la administración pública, especialmente en municipios que experimentan cambios de signo político tras las elecciones. La sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago sienta un precedente respecto de la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios municipales y la prohibición de despidos motivados por razones políticas. Para la comunidad de Santiago, el caso pone de relieve las tensiones en la Dirección de Educación Municipal, un área clave para la gestión educativa local.
Se espera que la Corte de Apelaciones de Santiago revise el recurso de nulidad presentado por el municipio en los próximos meses. Mientras tanto, la demandante podría solicitar la ejecución provisional de la sentencia, aunque ello dependerá de las decisiones judiciales. El caso también podría influir en otras situaciones similares de funcionarios desvinculados tras cambios de administración, quienes podrían sentirse incentivados a recurrir a la justicia laboral. Enfoque Digital se mantendrá atento a los próximos pasos procesales y a las eventuales repercusiones en la comuna de Santiago.
