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Una funcionaria del Centro de Internación Provisoria de Punta Arenas quedó en prisión preventiva tras ser sorprendida en pleno acto sexual con un interno menor de edad, en un hecho que remeció la tarde del lunes al interior del Centro de Cumplimiento Juvenil de Río de los Ciervos. La tutora, cuya identidad no ha sido revelada, fue descubierta por sus propias colegas mientras mantenía relaciones sexuales con un joven de 17 años que cumple condena en el recinto, según confirmó el fiscal Oliver Rammsy. La detención se produjo de inmediato y este martes la imputada fue formalizada por el delito de abuso sexual con circunstancia de estupro, quedando bajo la medida cautelar más gravosa.
El caso, ocurrido en la capital de la Región de Magallanes, ha generado conmoción en el ámbito de la justicia juvenil y en la comunidad local. El Centro de Río de los Ciervos es una instalación dependiente del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (Sernameg) y alberga a adolescentes sujetos a medidas privativas de libertad. La situación expone fallas en los protocolos de resguardo al interior de estos recintos, donde la labor de tutores y custodios es fundamental para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de los jóvenes. El fiscal Rammsy detalló que la funcionaria ya había sido advertida en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de mantener un comportamiento adecuado en su rol.
Declaraciones del fiscal y antecedentes del caso
En declaraciones a la prensa, el fiscal Oliver Rammsy explicó que “una tutora del centro fue sorprendida por compañeras, por sus colegas, manteniendo relaciones sexuales con un interno, un joven que está cumpliendo condena”. El persecutor agregó que a la funcionaria “se le había advertido en reiteradas ocasiones que debía mantener cierto decoro, cierta distancia y cierto comportamiento adecuado en su rol de tutora, de custodia, de jóvenes adolescentes”. Estas advertencias previas no habrían sido suficientes para evitar el ilícito, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la prisión preventiva, medida que fue acogida por el tribunal de garantía.
El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), que ahora indaga las circunstancias exactas del hecho y posibles responsabilidades adicionales. La formalización por abuso sexual con circunstancia de estupro se sustenta en la posición de poder que ejercía la tutora sobre el menor, quien se encontraba bajo su custodia directa. El Código Penal chileno contempla el estupro como una agresión sexual en la que la víctima es mayor de 14 y menor de 18 años, y se aprovecha una situación de superioridad o confianza.
Reacciones institucionales y medidas administrativas
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil reaccionó de inmediato suspendiendo de sus funciones a la tutora e iniciando un procedimiento administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales sanciones. La institución no ha emitido declaraciones públicas adicionales, pero se espera que en los próximos días entregue detalles sobre las medidas adoptadas para reforzar los protocolos de supervisión y prevenir situaciones similares. La suspensión se mantendrá mientras avance la investigación penal y el sumario administrativo.
Este caso también pone de relieve la necesidad de revisar los mecanismos de control al interior de los centros de internación provisoria y de cumplimiento, donde los funcionarios tienen contacto directo con adolescentes privados de libertad. Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez han manifestado su preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes en estos contextos y han llamado a fortalecer la capacitación y los filtros de selección del personal.
Impacto en la comunidad y proyecciones del proceso judicial
La comunidad de Punta Arenas ha recibido la noticia con sorpresa y rechazo, especialmente entre quienes trabajan en el sistema de justicia juvenil. El caso ha generado un debate sobre la confianza en las instituciones encargadas de la reinserción social y sobre la necesidad de garantizar ambientes seguros para los menores. La prisión preventiva de la imputada fue decretada por el tribunal de garantía, que consideró que la libertad de la funcionaria representaría un peligro para la investigación y para la seguridad de la víctima.
El proceso judicial continuará con la investigación de la PDI y la eventual presentación de cargos formales. La Fiscalía deberá reunir pruebas que acrediten el delito y la responsabilidad de la imputada, mientras la defensa podrá presentar sus argumentos. Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias para revisar las medidas cautelares y definir los plazos de investigación. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, por su parte, deberá informar sobre las conclusiones del sumario administrativo y las acciones correctivas implementadas para evitar que hechos como este se repitan en el futuro.
