El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia condenatoria en contra de la abogada Paula Oyarzo Valdés, quien fue hallada culpable de cuatro delitos: dos de estafa y dos de apropiación indebida. La resolución judicial, emitida por los magistrados Andrés Iligaray Llanos, Carolina Paredes Arízaga y Camilo Hidd Vidal, establece una pena única de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, la cual será cumplida bajo el régimen de libertad vigilada intensiva. Esta decisión judicial marca un hito en la causa que investigó la retención y desvío de fondos pertenecientes a clientes de la profesional, confirmando las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
El caso se enmarca en una serie de hechos ocurridos entre 2017 y 2018, donde la abogada habría ingresado fondos destinados a trámites judiciales o inversiones a cuentas corrientes personales. Antecedentes previos indican que la profesional ya había sido expulsada del Colegio de Abogados de Santiago por faltas éticas graves, lo que ahora se ve reforzado con esta condena penal. La intervención del sistema judicial busca resguardar la confianza de los usuarios en el ejercicio de la abogacía y garantizar la restitución de los derechos vulnerados por los imputados.
Detalles de la condena y el proceso judicial
La fiscal jefa de Ñuñoa-Providencia, Rossana Folli Sepúlveda, detalló que la sentencia no se encuentra aún ejecutoriada, ya que existe plazo legal para que las partes recurran ante la Corte de Apelaciones de Santiago mediante recurso de nulidad. La persecutora explicó que la condena abarca específicamente la retención de fondos de una mujer entre julio y diciembre de 2017, y de dos ciudadanos canadienses desde fines de 2018. Además, se determinó la responsabilidad en dos delitos de estafa, afectando a un hombre entre octubre de 2017 y agosto de 2018, y a otra mujer durante enero de 2018.
En paralelo, el cónyuge de la abogada, Sebastián Vergara Véliz, fue condenado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 21 UTM por un delito de apropiación indebida. El tribunal aplicó la remisión condicional con un plazo de observación de un año para el profesional. Ambos sentenciados fueron absueltos de otros cargos, ya que la prueba presentada por el Ministerio Público no superó el estándar de duda razonable en seis de los diez hechos acusados inicialmente. El tribunal valoró como atenuantes la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial de los acusados en el esclarecimiento de los hechos.
Impacto en la comunidad legal y próximas etapas
La condena implica además el pago de una multa de 21 UTM (equivalente a aproximadamente 1,5 millones de pesos) y penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de derechos políticos y para cargos públicos durante el tiempo de la condena. Para la comunidad jurídica de la Región Metropolitana, este fallo refuerza la necesidad de mecanismos de control más estrictos sobre la gestión de fondos por parte de los profesionales del derecho. La supervisión estará a cargo del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, que definirá el plan de intervención individual para la condenada.
Una vez transcurrido el plazo de apelación, la sentencia se hará firme y ejecutoriada, lo que activará los procesos de reparación civil correspondientes para las víctimas. Este caso resalta la importancia de la transparencia en las relaciones abogado-cliente y el rol del Ministerio Público en la persecución de delitos cometidos por profesionales de la justicia. La comunidad de la Provincia del Huasco y la Región de Atacama, aunque no directamente involucrada en la jurisdicción del fallo, observa con atención estos precedentes que afectan la integridad del sistema legal chileno.
















