Tras más de cinco años de rigurosa investigación judicial en la Región de Atacama, la Fiscalía concretó la formalización de médicos investigados por su presunta responsabilidad en la muerte del menor Dante Munizaga, un caso que ha mantenido a la familia en una constante búsqueda de justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos durante las atenciones de salud recibidas por el niño.
La causa penal, que ha avanzado de manera prolongada a lo largo de los años, contempla ahora un plazo judicial de seis meses fijado por el Ministerio Público para desarrollar nuevas diligencias investigativas. Durante la reciente audiencia desarrollada en los tribunales de la zona, se comunicaron formalmente los hechos imputados y se debatieron diversas medidas cautelares para asegurar la participación de los profesionales de la salud en el proceso.
Antecedentes clínicos y atención en hospitales
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la instancia judicial, el origen de la indagatoria se remonta a una primera atención médica registrada en la vecina ciudad de La Serena, donde el menor Dante Munizaga habría presentado una descompensación asociada a un cuadro clínico de salmonela que, conforme a la hipótesis sostenida por la parte querellante, no habría sido diagnosticado ni tratado de manera oportuna por el personal tratante.
Posteriormente, tras recibir el alta médica en dicho recinto, el estado de salud del niño experimentó un grave agravamiento, motivando su traslado de urgencia hasta el Hospital Regional de Copiapó. En este centro asistencial del servicio público regional, uno de los ejes centrales de la indagatoria judicial se concentra en un procedimiento médico consistente en la instalación de un catéter venoso central, el cual, según la tesis de los querellantes, habría presentado serias complicaciones y generado lesiones que habrían incidido directamente en el deterioro clínico del menor hasta su trágico fallecimiento.
Medidas cautelares y reacciones de la familia
Como parte de las decisiones adoptadas en el tribunal, se decretó la medida cautelar de arraigo nacional para los imputados presentes, disposición que fue objeto de discusión y cuestionamiento por parte de las respectivas defensas. Asimismo, quedó pendiente para el transcurso del mes de noviembre la realización de una nueva audiencia destinada a revisar una solicitud de sobreseimiento definitivo presentada en la causa. Paralelamente, trascendió la situación procesal de una de las médicas indagadas, quien presuntamente no habría sido ubicada para comparecer ante la justicia, manteniéndose bajo revisión un posible decreto de orden de detención.
Tras concluir la audiencia, el padre del menor expresó su conformidad con los avances logrados en el ámbito judicial, a pesar de la extensa espera que ha debido soportar la familia. Como familia, estamos conformes con los avances que hemos tenido, a pesar del tiempo que ha pasado y de que estamos buscando justicia para aclarar el tema de que, por un error cometido, se produjo la muerte de mi hijo</q, señaló. Del mismo modo, manifestó su anhelo de que el proceso sirva como un precedente para resguardar la seguridad de los pacientes:
Esperamos que esto también sirva para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que hemos tenido que pasar nosotros durante todo este tiempo
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