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El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) anunció oficialmente que dará inicio a los procedimientos administrativos necesarios para revocar las residencias definitivas de cinco ciudadanos extranjeros, además de evaluar la situación jurídica de un sexto individuo, todos detenidos durante los graves incidentes y desórdenes registrados en el marco de la conmemoración del 18 de octubre. Esta medida de expulsión de extranjeros busca aplicar con rigor la normativa vigente frente a actos que alteren el orden público y la seguridad ciudadana en el territorio nacional, reafirmando el control estatal sobre la inmigración irregular y el comportamiento delictual.
Los hechos que motivaron esta determinación ocurrieron en medio de las manifestaciones conmemorativas, donde personal policial procedió a la detención de un grupo heterogéneo compuesto por tres ciudadanos de nacionalidad peruana, dos de origen haitiano y un ciudadano venezolano. Según los antecedentes recopilados por las instituciones de seguridad y el propio Sermig, gran parte de estos involucrados mantenía antecedentes policiales previos o residencias consolidadas en el país, las cuales ahora se encuentran bajo un riguroso escrutinio administrativo para dejar sin efecto sus permisos de permanencia.
Detalles y antecedentes de los ciudadanos involucrados
De acuerdo con la información entregada por el director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, los tres ciudadanos peruanos y los dos haitianos implicados contaban con residencia definitiva en Chile. Incluso, se reveló que uno de los ciudadanos haitianos había realizado formalmente una solicitud para obtener la nacionalidad chilena, petición que finalmente no fue acogida por las autoridades competentes. En cuanto al desglose de los arrestos, dos de los ciudadanos peruanos, identificados como Raúl Yupanqui Ulloa y Reynaldo Héctor Abad Salazar, registraban detenciones en flagrancia durante los años 2022 y 2024 respectivamente, sin que en dichos periodos se concretaran decretos de expulsión. Por su parte, el tercer ciudadano peruano, Víctor Diestra, fue aprehendido por faltas de respeto a la autoridad.
En la misma línea, los ciudadanos haitianos Ives Dossous y Jean Claydy Delphonse enfrentaron a la justicia tras ser detenidos por porte de arma cortante o punzante y por mantener una orden de detención vigente, respectivamente. Finalmente, el ciudadano venezolano Isario Barreto fue arrestado por infringir la Ley 20.000 de drogas, sumándose además un segundo ciudadano venezolano que habría ingresado al país evadiendo los controles fronterizos a través de un paso no habilitado, agravando su situación migratoria.
Mano firme institucional y proyecciones del Sermig
Ante este escenario, el director nacional del Sermig fue categórico al señalar que el Ejecutivo mantendrá una política estricta frente a los infractores de la ley. “Como ha señalado el presidente, no se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile”, afirmó Sauerbaum, enfatizando que se aplicará el mismo criterio utilizado en contingencias anteriores, como los desórdenes reportados en marzo pasado.
Con la puesta en marcha de estos expedientes administrativos, el gobierno busca enviar una señal clara sobre la obligatoriedad de respetar el ordenamiento jurídico chileno por parte de los residentes extranjeros. Las autoridades continuarán ejecutando las coordinaciones interinstitucionales necesarias con las policías y los tribunales para agilizar las resoluciones de expulsión, garantizando así la seguridad pública y el cumplimiento estricto de la ley migratoria en todo el país.
