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Por segunda vez en menos de dos semanas fracasó la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de que el juez de garantía Hugo Torres se declarara inhabilitado tras una solicitud de recusación presentada por la Defensoría Penal Pública. El nuevo revés procesal obligó a reprogramar la diligencia y dejó la causa en manos de la jueza Constanza Estay, quien deberá asumir el control de la etapa intermedia del procedimiento.
El caso se remonta a la investigación que el Ministerio Público llevó adelante contra la exjefa comunal por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos, uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Para el ente persecutor, estos ilícitos habrían ocurrido durante su gestión al frente del municipio de Maipú, y por ellos solicita una pena de 23 años de cárcel. La complejidad de la causa y la cantidad de intervinientes explican en parte las dificultades para instalar la audiencia.
La recusación que frenó la APJO contra Cathy Barriga
La Defensoría Penal Pública fundó su solicitud de inhabilitación en una causal de implicancia que, a su juicio, comprometía la imparcialidad del magistrado. Según el planteamiento, el juez Torres había mencionado a Cathy Barriga en al menos 20 ocasiones en dos resoluciones previas: una referida a la legitimación activa del municipio de Maipú y otra correspondiente a una sentencia condenatoria dictada contra cuatro imputados en procedimientos abreviados. La petición fue resistida por la Fiscalía, por el propio municipio de Maipú y por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), pero finalmente el juez acogió la solicitud y se declaró inhabilitado.
Este escenario se suma a lo ocurrido el pasado 7 de octubre, cuando el juez Carlos Silva también se inhabilitó en la misma causa. En aquella oportunidad, la decisión se produjo tras una recusación amistosa presentada por el municipio de Maipú, a la que se sumaron la Fiscalía Oriente y el CDE. El argumento central fue la cercanía del magistrado con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes representan a Joaquín Lavín León, marido de Barriga, en una indagatoria por corrupción derivada de la investigación contra la exalcaldesa. Ambos profesionales también habrían representado a la propia Barriga.
Impacto procesal y próximos pasos en el caso que arriesga 23 años de cárcel
En la audiencia del 7 de octubre, el juez Silva reconoció mantener una amistad de 15 años con el abogado Barahona y que ambos profesionales lo habían representado en causas particulares. Ese reconocimiento selló su inhabilitación y, con ello, la suspensión de la preparación del juicio oral. Ahora, con la salida de Torres, la jueza Constanza Estay asumirá la APJO, fijada inicialmente para las 13:30 horas de esta jornada, aunque resta confirmar si la diligencia se realizará en la nueva fecha o deberá reprogramarse por razones administrativas.
Para la comunidad de Maipú y para el sistema de justicia penal, la seguidilla de inhabilitaciones representa un costo procesal relevante: no solo retrasa la definición de la etapa intermedia, sino que también prolonga la incertidumbre respecto de un caso de alta connotación pública. La causa involucra a una exautoridad municipal y a un grupo de imputados, y el Ministerio Público busca acreditar un supuesto perjuicio fiscal reiterado. La defensa de Barriga, en tanto, ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados que han intervenido, lo que ha derivado en las recusaciones que hoy mantienen el proceso en suspenso.
Se espera que en las próximas jornadas se conozca la nueva fecha para la APJO y que la jueza Estay asuma el control de la causa. Mientras tanto, el caso sigue su curso y la exalcaldesa enfrenta la posibilidad de un juicio oral por delitos que, de ser acreditados, podrían significar una pena de 23 años de cárcel. La atención pública permanece atenta a los movimientos judiciales, que en las últimas dos semanas han estado marcados por las inhabilitaciones de los jueces llamados a intervenir.
