En la Región de Magallanes, un procedimiento policial desarrollado en la comuna de Punta Arenas culminó con la medida cautelar de prisión preventiva para un individuo imputado por graves delitos de violencia intrafamiliar y tenencia ilegal de armamento. El caso, que ha causado conmoción a nivel nacional por las características de los elementos incautados, movilizó a personal de Carabineros de Chile tras una denuncia por amenazas de muerte contra adultos mayores.
Los hechos ocurrieron en el sector residencial de Villa Los Españoles, donde el imputado residía junto a sus padres, ambos de la tercera edad. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el sujeto mantuvo una serie de altercados violentos al interior del inmueble familiar, culminando en amenazas directas a sus progenitores con incendiar la vivienda y agredirlos físicamente empleando ballestas si se atrevían a alertar a las autoridades policiales.
Incautación de armamento y formalización de cargos
Tras recibir el llamado de alerta por parte de familiares de las víctimas, efectivos de Carabineros concurrieron de inmediato al domicilio, logrando la detención en flagrancia del individuo. Durante el registro exhaustivo de su dormitorio, los funcionarios policiales descubrieron un arsenal compuesto por cuatro granadas tácticas de humo y ruido, tres ballestas de diversos modelos y un importante número de armas blancas, entre las que figuraban katanas, dagas y cuchillos de caza con hojas de dimensiones considerables.
Durante la audiencia de formalización de cargos efectuada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el abogado asistente de la Fiscalía Local, José Cubillos, detalló los argumentos jurídicos que sustentaron la solicitud de la máxima medida cautelar. El persecutor penal enfatizó que la libertad del imputado constituía un peligro inminente para la seguridad de la sociedad, sumado a la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, quienes requerían protección estatal urgente.
Plazo de investigación y medidas cautelares
Por su parte, la defensa jurídica del imputado intentó desvincular el armamento decomisado de un uso delictivo, argumentando ante el tribunal que tanto las ballestas como las armas blancas cumplían una función exclusivamente decorativa y recreativa. No obstante, la magistrada a cargo de la causa desestimó dichos argumentos y respaldó los planteamientos del ente persecutor, decretando el ingreso inmediato del acusado al recinto penitenciario local.
Al término de la audiencia, el tribunal determinó un plazo judicial de 60 días para el desarrollo de la investigación formal, tiempo durante el cual las policías y la fiscalía realizarán peritajes balísticos y químicos a las granadas y ballestas incautadas, con el fin de esclarecer el origen exacto del armamento y asegurar la protección integral de los adultos mayores afectados.
