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La presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, responsabilizó este jueves al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a 56 presos por abuso sexual y violación de menores, al señalar que fue la autoridad política quien dictó los decretos respectivos. La magistrada explicó que el titular de Justicia actuó “conforme a las facultades legales que tiene” y que existe una comisión de rebaja de condenas que adopta las decisiones sin que los tribunales puedan pronunciarse si no se presenta un recurso de amparo. La controversia estalló luego de que se conociera que en los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast se han firmado decretos que rebajan las penas a 27 personas condenadas por abuso sexual y 29 por violación, todos delitos cometidos contra menores de edad.
El caso ha generado un amplio debate jurídico y político. En febrero de 2022, el Congreso aprobó una reforma a la ley penitenciaria que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores del beneficio de rebaja de pena, una práctica que ya se aplicaba de facto pero que quedó formalmente establecida. Hasta antes del inicio del actual Gobierno, un condenado podía apelar a la decisión del Ministerio de Justicia mediante un recurso de amparo, y el Ejecutivo defendía su posición en los tribunales. En ocasiones, la Corte de Apelaciones ratificó la negativa a rebajar la condena, mientras que en otras la Corte Suprema permitió el beneficio, siempre estudiando caso a caso. La polémica se centra en si la ley de 2022 puede aplicarse retroactivamente a quienes fueron sentenciados antes de su publicación, como sostiene el ministro Rabat.
La postura de la Corte Suprema y la defensa del Gobierno
Chevesich evitó respaldar el argumento central de Rabat, quien afirma que fue la Corte Suprema la que fijó un criterio uniforme para rebajar la pena a violadores y abusadores con buena conducta sentenciados antes de la ley 21.421. La presidenta del máximo tribunal sostuvo que habría que revisar cada sentencia para determinar si existe o no jurisprudencia, tarea que corresponde “a los doctrinarios, a los estudiosos de las sentencias dictadas por la Suprema”. En tanto, el ministro Rabat ha defendido la decisión como un simple cumplimiento de la ley y ha argumentado que la normativa de 2022 no puede aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de un condenado, por lo que aplicó el criterio de jurisprudencia que ha acogido amparos. Además, reconoció que el Gobierno también rebajó la pena a dos internos de Punta Peuco, uno condenado por secuestro calificado y otro por tortura, y que existe un tercer decreto a favor de otro condenado por secuestro calificado, aunque dijo no recordar los nombres de los beneficiados.
Las críticas no se limitaron a la oposición de izquierda. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional (RN), partido oficialista, ingresó un proyecto para delimitar el acceso a rebajas de pena de condenados por delitos sexuales contra niños y adolescentes, y ofició a Rabat para que explique los antecedentes considerados. La iniciativa busca cerrar una excepción de la ley actual que permite pedir la rebaja a ciertos condenados cuya pena se fijó aplicando una eximente incompleta, es decir, cuando el tribunal considera que el acusado tenía una causa que lo habría librado de responsabilidad pero solo de forma parcial. La propuesta mantiene ese efecto en la sentencia pero impide que después sirva para acceder a la rebaja por comportamiento sobresaliente. A las críticas se sumó la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien aseguró que ella “no hubiese firmado” los decretos.
Reacciones políticas y anuncios de urgencia legislativa
En la oposición, el diputado socialista Raúl Leiva exigió que desde La Moneda “se informe adecuadamente cuáles fueron los fundamentos” y que la Contraloría General de la República “analice la pertinencia de esta política pública de rebaja de condenas por parte del Gobierno del Presidente Kast”. Por su parte, el diputado del Partido Comunista Marcos Barraza calificó las rebajas como un “indulto” a delincuentes sexuales, y su colectividad solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados. El diputado de la Democracia Cristiana Héctor Barría no descartó “ningún tipo de acción”, desde una acusación constitucional hasta leyes que impidan nuevas rebajas. El exministro de Justicia de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, sostuvo que Rabat se equivocó “garrafalmente” porque el ministerio aceptó las rebajas amparándose en una supuesta jurisprudencia de la Corte Suprema y, ante determinados recursos de amparo, no fue a defender su posición en los tribunales. La exportavoz de Boric, Camila Vallejo, desmintió que la ley obligue a firmar los decretos.
Ante la presión política, el ministro Rabat se comprometió a que el Gobierno apoyará las mociones de diputados y senadores para “cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales”, y anunció que el Ejecutivo tramitará proyectos “con suma urgencia”. La controversia ha reabierto el debate sobre los beneficios penitenciarios y la aplicación de la ley de 2022, que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de la rebaja de condena. Mientras la Corte Suprema aclara que su rol es revisar cada caso si se presenta un recurso, el Gobierno enfrenta cuestionamientos transversales y deberá dar explicaciones en el Congreso. Se espera que en los próximos días se conozcan los detalles de las mociones legislativas y que la Contraloría evalúe la legalidad de los decretos, en un caso que ha escalado desde el ámbito judicial al político y que mantiene en alerta a organizaciones de protección de la infancia.
